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El diputado provincial Marcelo Gastaldi volvió a cuestionar la relación de la administración del gobernador Hermes Binner con el concesionario privado del puerto de Rosario.

El Acuerdo Transaccional firmado por las partes el 6 de enero de 2009 no deja dudas sobre los términos en que se presenta la sustitución de la cautelar: consentimiento mutuo de un allanamiento parcial y el reconocimiento de una porción de la deuda por parte de TPR por la suma de $1.410.738,22.

Asimismo la cláusula cuarta exige que la cautelada –TPR– “acredite la constitución de un seguro de caución o garantía suficiente –a satisfacción de la API– que cubra el monto de la cautelar trabada por las sumas reconocidas, garantía que se deberá mantener durante todo el tiempo de la financiación y hasta la total percepción de la API de las cuotas correspondientes al convenio”.

Incluso la cláusula octava va más allá, y a fin de darle plena eficacia en el tiempo a lo acordado, y por si fuera necesario retomar los trámites judiciales frente al incumplimiento de los deudores originales y de la aseguradora, y a fin de que no caduquen y se beneficien con ello éstos, se suspenden “todos los términos procesales” (incluido el del artículo 37 del Código Fiscal) mientras mantenga vigencia el acuerdo.

“Lo novedoso es que en esta negociación el Sr. Jorge Guillermo Pablo Salazar Boero «comparece por derecho propio y en representación de la sociedad mencionada» lo que significa que al momento de que la empresa privada se concursara, el gobierno de la provincia de Santa Fe debería haber ejecutado no solamente el seguro de caución que garantiza el incumplimiento de lo pactado, sino que debería haber iniciado las acciones correspondientes contra la persona nombrada, pues está en el mismo nivel de responsabilidad que la convocada”,destacó el legislador rosarino, quien no deja de sorprenderse por las múltiples y dudosas derivaciones que tiene la negociación.

“Sciara concurrió con su equipo a la Legislatura y dejó una sola certeza, el reconocimiento de la no ejecución del seguro de caución que garantiza, al menos, el cobro de 1.410.738,22 pesos a la provincia. Sin embargo, donde el silencio se acrecienta y con él la sensación que no hay un tratamiento igualitario para todos los contribuyentes, es cuando nos preguntamos si el gobierno deBinner activó los mecanismos administrativos correspondientes para cobrar al menos la porción reconocida de la deuda contra el entonces titular de Terminal Puerto Rosario SA, Guillermo Salazar Boero”, disparó Gastaldi,“ante el desconcierto de una gestión que día a día alimenta con dudas una relación que a esta altura resulta como mínimo privilegiada”, agregó.