El presidente del bloque de diputados del FPCyS-PS, Raúl Lamberto, saludó los consensos alcanzados en la última sesión de la Legislatura provincial para la sanción del Presupuesto 2011, al mismo tiempo lamentó que no haya sucedido lo mismo con los pliegos de los aspirantes a los cargos en el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, fundamentales para la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
Lamberto recordó que “el Senado dio sanción, por unanimidad, a la prórroga de la puesta en vigencia plena del nuevo Código Procesal Penal, ratificando la media sanción que le había dado al mensaje del Ejecutivo la Cámara de Diputados el 22 de diciembre”.
“Con ello se estableció que la implementación definitiva e integral de la Ley 12.734 será dispuesta por el Poder Ejecutivo en un plazo que no podrá superar los 180 días contados desde la asunción en el cargo del Fiscal General y del Defensor Provincial, plazo que podrá prorrogarse por decreto fundado hasta por 120 días más”, continuó.
Lamberto explicó que “el Ejecutivo pidió esta prórroga teniendo en cuenta que hasta tanto no estén constituidas las autoridades con plazo suficiente para dictar la normativa indispensable para poner en marcha estos dos organismos centrales de la reforma, sería imposible poner en vigencia el nuevo Código, ya que se requiere no solamente de sus autoridades, sino de una estructura organizada de funcionamiento”.
“Lamentamos que los consensos no se hayan extendido a otorgar el acuerdo legislativo a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para cubrir los cargos de conducción de los nuevos organismos: el Ministerio Público de la Acusación (Ley 13013) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Ley 13014). Se trata de 9 (nueve) pliegos surgidos de los concursos de oposición y antecedentes realizados en las cinco circunscripciones de la provincia, con prestigiosos jurados convocados al efecto”.
"En los hechos, esto significa que la oposición ha elegido que el acuerdo se produzca fictamente en febrero, con lo cual se postergan lamentablemente los plazos para la implementación definitiva del nuevo Código Procesal Penal, restando los consensos y el compromiso institucional que sería dable esperar para este trascendental cambio en la provincia”, finalizó Lamberto
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