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La Justicia de Santa Cruz dispuso la intervención del Sindicato de Petroleros Privados de esa provincia luego de que lo solicitara el gobernador Daniel Peralta, tras 22 días de medida de fuerza que amenazan con poner en riesgo el abastecimiento de combustibles en todo el país.

La decisión suspende a todo el secretariado del gremio mientras que el fiscal Martín Sedan ya envió notificaciones al secretario general del gremio, Héctor Segovia, al secretario adjunto, Rubén Retamoso, y a la Federación de Trabajadores Petroleros para designar a un normalizador.

Una vez designado el delegado, se prevé que en un plazo de 90 días se convoque a elecciones. En tanto, el Ministerio de Trabajo pidió que el sindicato llame a elecciones para normalizar su situación.

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Caleta Olivia ordenó esa medida por considerar que existe una situación "anárquica" en ese gremio, ya que mantienen paralizados los pozos de producción de la provincia patagónica.

Desde el gremio advirtieron que no van a permitir la intervención del Sindicato e incluso señalan, en medio de gran confusión, que no están de paro. En el sur se está trabajando de forma normal pese a que los trabajadores se encuentran sitiados con presencia de gendarmería por orden del gobernador.

El sindicato petrolero de la provincia se encuentra dividido en dos grupos y el reclamo ya no es sólo salarial. El miércoles pasado, 5 mil afiliados al gremio petrolero realizaron una asamblea para pedir la renuncia de Segovia y poder destrabar el conflicto.

Ante este planteo, el secretario general acusó a este sector de trabar la posibilidad de un acuerdo "sin importarle el desabastecimiento de combustible que pueda generar".

Segovia -quien será desplazado según la orden judicial- criticó al gobernador Peralta y amenazó con profundizar la medida de fuerza si se concreta la advertencia de intervención del sindicato, lo cual podría generar escasez de combustibles.

Aclaró que no renunciará y se opuso a la intervención del gremio solicitada por la Gobernación provincial. Dijo que le llamaron "poderosamente la atención" las declaraciones del mandatario provincial y ratificó que para cambiar la conducción del sindicato "tendrán que esperar las elecciones del año que viene".

El pedido lo presentó el fiscal de Estado Carlos Ramos ante el juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia a cargo del juez Mario Albarrán.

La medida fue presentada por la provincia, ya que considera que "hay una situación anárquica dentro del sindicato, incumplimiento de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y sumado a los graves perjuicios económicos que este conflicto acarrea para la provincia", sostuvo Raúl Santibáñez, secretario de Trabajo de Santa Cruz.