La superpoblación de presos en las comisarías provinciales no es nuevo. Sin embargo, ante esta situación el ministro de Seguridad de la provincia Marcelo Sain, mediante una resolución, ordenó que estas dependencias policiales no reciban más detenidos.
Declaró la emergencia en esta materia y determinó que no se alojarán más presos en tanto no mejoren las condiciones y capacidades de alojamiento.
En marzo se comenzó un relevamiento de las comisarías y el resultado fue que 723 personas están detenidas en las distintas seccionales policiales de la provincia. En el caso de la URI, son 220 los alojados en lugares con una capacidad total para 90.
Lo que no aclara la resolución es de qué manera se dispondrá la detención de aquellos que tengan prisión preventiva y deban esperar el proceso penal correspondiente para pasar a un penal provincial.
“Por eso deberá el Poder Judicial, a través de sus actores, ser quien examine en cada caso sus decisiones en oportunidad de disponer en cada caso sus decisiones de oportunidad de disponer el alojamiento de personas en lugares de detención que, por su naturaleza y función, son transitorios y no se condicen con la finalidad del cumplimiento de la pena o de la privación de libertad”, manifiesta en la resolución 0665.
La crisis en las comisarías, las fugas y los motines profundizaron el problema, en una provincia que duplicó los detenidos en los últimos 10 años.