La causa local que originó el exhorto suizo contra Hugo Moyano, su familia y la empresa de recolección Covelia por presunto lavado de dinero tiene un capítulo hasta ahora desconocido: la Justicia argentina investiga al sindicato de Camioneros y a su obra social para saber si participó de maniobras de lavado de dinero.
Según documentación a la accedió PERFIL, ambas instituciones del clan Moyano aparecen en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que elabora la Unidad de Información Financiera (UIF) cada vez que detecta un movimiento de dinero incierto. Los listados fueron solicitados por el juez Ariel Lijo, quien investiga los aportes de la campaña electoral de 2007. Pero según aseguraron fuentes judiciales, el juzgado federal número 4 se encontró con una sorpresa: cuando pidió el informe a la UIF, le contestaron que no existían reportes de la Obra Social de Camioneros. Sin embargo, los investigadores ya contaban con un informe anterior que sí lo demostraba.
Si bien la Obra Social de Camioneros es mencionada en los expedientes de la UIF como libradora de cheques, la Justicia considera que debe investigar esos reportes o al menos ser informada sobre ellos. En 2009, se le había informóado en otra causa, que la obra social había sido “operadora” de movimientos bancarios sospechosos.
Tal es el caso que consta en el expediente 359/09 de la UIF, que se inició por un depósito en un banco privado de una mujer de apellido Saley, vinculada a una empresa de salud proveedora de Camioneros. Los fondos llegaron a la obra social de Moyano y luego terminaron en la Mutual que maneja Pablo.
Los ROS no implican necesariamente un delito, pero son alertas que los bancos están obligados a remitir a la UIF para que sean investigadas. Lo que sorprende en la Justicia es que consideran que esos reportes deberían haber sido informados en la causa iniciada en el país tras la llegada del exhorto suizo, en el que se solicita información sobre los Moyano por supuesto lavado.
El caso agudiza una interna entre la Justicia federal y la UIF por los datos bancarios de la Obra Social de Camioneros. Entre los investigadores del caso se habla incluso de “ocultamiento” de datos por parte de la UIF que perjudicarían al secretario general de la CGT.
Las sospechas y desconfianza en la Justicia federal se deben a que la UIF informó el 5 de abril pasado al juzgado federal número 4, a cargo de Lijo, que “habiéndose realizado las consultas en las bases de datos obrantes en esta Unidad, no se han encontrado registros de Reportes de Operaciones Sospechosas, ni de investigaciones por lavado de activos con relación a Hugo Moyano, Pablo Moyano, Luis María Corsiglia, la Cooperativa de Vivienda de Lanús, el Sindicato de Camioneros, la Obra Social de Camioneros, la Unión de Camioneros y/o la firma Aklean Co”. Se trata de los nombrados en el exhorto enviado por la Justicia suiza. La Unidad sí informó sobre reportes sospechosos de los dueños de Covelia, como informó Clarín el lunes.
Pero en el juzgado número 4 consta un informe anterior de la UIF, remitido a la Justicia por la anterior presidencia del organismo. Ese documento, con fecha del 3 de diciembre de 2009, fue solicitado en el marco de otra causa, la 11912/08, que investiga si existió lavado de dinero en los aportes a la campaña K de 2007. Entonces, la Dirección de Análisis del organismo informó que la Obra Social de Camioneros y la Obra Social de Choferes de Camiones –se trata de la misma entidad con diferente denominación– y la Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de Diciembre –que maneja Pablo Moyano y es una de las principales cajas del gremio– aparecen mencionadas en los Reportes de Operaciones Sospechosas 2463 del expediente 297/07 y 4597 del expediente 359/09.
El informe, sin embargo, habría llegado al juzgado “por accidente”. Cuando los investigadores se comunicaron con la UIF para pedir una ampliación de datos en el marco de esa causa, en el organismo “actuaron sorprendidos”.
No sabían que el informe que comprometía al Gobierno ya estaba en sus manos. En él se detallaban todos los reportes sospechosos de los aportantes al oficialismo (ver página 3). Por desinteligencia interna o responsabilidad de cargos intermedios, la información sobre los ROS de los aportantes K estaba en manos del juzgado.
Un sector de la Justicia federal desconfía de la UIF por considerar a Sbattella un militante político del kirchnerismo y no un cuadro técnico con independencia del poder de turno.
Sin embargo, el funcionario se define como kirchnerista crítico. De hecho, fue candidato en la lista de Martín Sabbatella durante las elecciones legislativas de 2009. Pero también estuvo vinculado a Moyano, para quien trabajó en 2009.
Fuentes allegadas a la UIF explicaron a PERFIL que esos reportes de la Obra Social de Camioneros no fueron enviados porque ésta sólo aparece como “operadora del movimiento” y no como “reportada”, es decir, que es un eslabón intermedio en la ruta del dinero sospechoso.
Sbattella se fue del Gobienro cuando era titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) tras una disputa con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. En enero de 2010, volvió para hacerse cargo de la UIF. En el ínterin, trabajó para la CGT de Hugo Moyano como economista del Centro de Estudios Económicos Sindicales de la central.
Jorge Baremberg, referente del Centro Comercial, decidió poner fin a la actividad de uno de los locales más emblemáticos de la ciudad. El cambio en los hábitos de consumo y la falta de relevo generacional fueron los factores determinantes.