Después de 18 años, la Cámara de Diputados volverá a sesionar en el mes de enero, esta vez para tratar dos proyectos de ley propulsados por el presidente Alberto Fernández: el que busca restituir la sostenibilidad de la deuda y el que refrenda el Consenso Fiscal firmado por el Estado Nacional y las provincias.
La sesión, que se da en el marco de la convocatoria a extraordinarias, comenzará al mediodía tras una reunión de Labor Parlamentaria, luego de que este martes obtuvieran dictamen favorable en comisiones las dos iniciativas del Poder Ejecutivo.
El oficialismo contará con apoyo de casi toda la oposición para aprobar ambos proyectos, de los cuales el Consenso Fiscal 2019 será convertido en ley, ya que fue aprobado en el Senado a fines de diciembre.
Se trata del acuerdo firmado por el presidente, los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno porteño, que suspende las limitaciones de las jurisdicciones para aumentar los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos, así como Bienes Personales y Ganancias, entre otros.
El proyecto de la deuda
El proyecto del Ejecutivo declara “prioritaria para el interés de la República Argentina” la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa.
Para ello, en su artículo primero autoriza al Poder Ejecutivo a “efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera”.
A su vez, se establece que el Ejecutivo determinará los montos nominales.
También se habilita al Ministerio de Economía a “contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana exclusivamente respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen”.
Sin embargo, se aclara que esto no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.
Además, se autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.
Todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.
Oficialismo
El santafesino Germán Martínez (Frente de Todos) celebró los acuerdos alcanzados y por LT10 explicó que el proyecto de la deuda externa le da elementos al gobierno para renegociar los bonos emitidos bajo legislación extranjera.
Con relación al Consenso Fiscal consideró que el viejo convenio “terminó siendo un chaleco de fuerza” para las provincias, acorraladas por las dos devaluaciones durante el gobierno de Mauricio Macri.
Oposición
Desde Juntos por el Cambio, Federico Angelini compartió la necesidad del gobierno de salir a mostrar al exterior que cuenta con “un paraguas político” para renegociar la deuda. Sin embargo, advirtió sobre algunas lagunas de la normativa, en particular en lo referido a la deuda de provincias con el gobierno central.
Para Angelini, no existe un criterio formal sobre el pago de la deuda de los gobiernos provinciales con la Casa Rosada y explicó: “”puede pasar que a una provincia que no sea del mismo color político la obliguen a pagar la deuda rigurosamente y con otra afín (al gobierno nacional) se le permitan establecer plazos de pago cuando quieran”.