Una fuerte polémica se generó este fin de semana con la denuncia realizada por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe respecto del llamativo nombramiento de 195 empleados en distintos cargos del flamante Organismo de Investigaciones (OI). Se trata de un cuerpo especial que asiste técnicamente a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El gremio denuncia que el personal designado entró “por la ventana”, es decir, sin respetar el concurso de ingreso, lo cual perjudicaría directamente a los trabajadores del Poder Judicial. Pero, además, varias de las personas beneficiadas con los nombramientos en categorías altas están vinculadas con el gobierno provincial.
"Acá están queriendo entrar gente por la ventana. Y la verdad es que no me interesa quienes son, para mi son personas que quieren meter sin rendir concurso alguno, lo que atenta contra la carrera judicial", dijo el secretario del Sindicato de Judiciales, Jorge Perlo, al diario Rosario/12.
Aclaraciones
En un comunicado, el MPA informó que todas las actuaciones se ajustan a lo establecido en la ley provincial número 13.459 aprobada por unanimidad por la Legislatura provincial.
En tal sentido, el artículo 35 de la norma establece: “Personal. Durante el plazo de cuatro (4) años de entrada en vigencia de la presente ley, el Fiscal General podrá incorporar al Organismo de Investigaciones a personal que se encuentre actualmente prestando funciones en alguno de los Poderes del Estado, entes descentralizados, empresas o sociedades del Estado, previo proceso de selección y conformidad de la autoridad superior que correspondiera y del propio agente. El agente trasladado ingresará al escalafón del Organismo de Investigaciones considerando su antigüedad, nivel jerárquico y régimen previsional de acuerdo a las disposiciones que establezca la reglamentación a dictar por el Fiscal General”.
Por su parte, también a través de un parte de prensa, el gobierno de Santa Fe dijo que el ingreso del personal de traspaso aún se encuentra pendiente de aprobación. Se trata de un expediente en trámite, que todavía no ha sido resuelto por el Poder Ejecutivo, donde previo a hacer el decreto correspondiente, se examinará exhaustivamente las propuestas para asegurar que todas las designaciones se ajusten a las normas y procedimientos establecidos y no tengan ninguna incompatibilidad ni funcional ni ética.
Del total de personas que se encuentran para el traspaso, más del 80% ingresarán con la categoría más baja, siendo el restante del personal equiparado a los fines de que no pierdan su nivel jerárquico y su retribución, derechos de los trabajadores que deben respetarse y así lo enmarca la ley.