El gobierno provincial propuso en julio de este año modificar la Ley de mediación aprobada en 2010, que declaró de interés público provincial el uso de esta instancia prejudicial dispuesta para acercar partes en conflicto para no llegar al litigio propiamente dicho.
Ante la reforma planteada este año en la que se dejaban sin efecto "cuestiones de fondo", los mediadores de todo Santa Fe se reunieron con legisladores y explicándoles que desde sus lugares deberían garantizar esta política de Estado. Así lo expresó Selva Digiorgio, abogada y mediadora, a través de El Cuarto Poder.
Este decreto, que expresa textualmente "propender a la cultura del litigio", "viene a ser una cachetada a la cultura de la paz y en contra del litigio", indicó, Digiorgio, a la vez que sostuvo que "con la asunción del nuevo gobierno lo único que hemos visto es un desgaste y un ataque a la figura del mediador, queriéndonos confrontar con los abogados".
En este sentido, los profesionales de la mediación sostienen que las disposiciones del decreto “están en franca contradicción con los principios básicos del instituto de la Mediación Prejudicial Obligatoria, que fuera promovido y considerado de interés y política pública por este mismo oficialismo durante su primer gobierno, poniendo en evidencia una notable incongruencia en sus propios actos”.
Entre otros peligros, los abogados mediadores afirman que la citada reglamentación atenta contra la libertad de trabajo toda vez que introduce sanciones de carácter punitivo ante la falta de acuerdo en mediaciones y establece control y juicio de valor de terceros ajenos al procedimiento y sin idoneidad para evaluar la labor del mediador.
Denuncian además que “disminuye drásticamente los honorarios del mediador y lo más grave, remite su percepción a los estrados judiciales (contrario al paradigma alentado) entre otras tantas violaciones al ejercicio liberal de la profesión”.
Por su parte, Ángel Garrote, Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, determinó la posición de la cartera en torno a este reclamo, a través de LT10. "Desde el gobierno se reafirma el interés en sostener y mejorar el sistema de mediación prejudicial obligatoria", destacó.
Además, indicó que se trata de "una esencial herramienta para propender a la paz social, evitar que los conflictos lleguen a Tribunales", y en ese marco, se generó un proyecto para hacerle ajustes a la ley vigente, tendientes a trabajar en las atribuciones que le caben al Ministerio de Justicia para "reglamentar esta actividad".
"Puede ser que haya algún párrafo que tenga un error de tipeo pero, en líneas generales, los fundamentos tienden a mejorar el sistema, que se corresponde con puntos tratados en reuniones con representantes de Colegios de Abogados y destacados mediadores de Santa Fe", expresó Garrote sobre el proceso de creación del proyecto.