En diálogo con LT10, Alejandro Boggiano, secretario de Servicios Públicos de la provincia de Santa Fe, expresó que “de acuerdo a lo que nos comunicó la Nación, no habrá más gas oíl subsidiado para las empresas de corta y media distancia del interior del país. Hay una promesa de la Nación para atender esta situación con aportes económicos para las empresas. Este sistema sería muy complicado y perjudicial porque en este ir y venir de cifras habitualmente se pierde bastante dinero”.
Además, Alejandro Boggiano agregó que “nosotros le pedimos una entrevista al secretario de Transporte de la Nación. Entendemos que este encuentro se va a concretar la semana que viene. En el día de ayer, algunas federaciones de empresarios estuvieron reunidos con autoridades nacionales y suscribieron un acuerdo. Nosotros no fuimos invitados a esta reunión, ni fuimos informados sobre el acuerdo”.
Consultado sobre cuál es el argumento que brinda La Nación para tomar esta medida, el secretario de Servicios Públicos de la provincia de Santa Fe señaló que “de acuerdo a lo que me comunicó la Nación, el Jefe de Gabinete no pudo cerrar las negociación semestral con las petroleras, sobre el gas oil subsidiado, por diferencias de números vinculados a cuestiones impositivas y compensaciones de importaciones-exportación de combustibles. Por este motivo, las petroleras tomaron la decisión unilateral de no entregar más gas oíl subsidiado. Lo extraño es que no se le entrega gas oíl subsidiado al interior del país pero si a Capital Federal”.
Sobre los problemas que puede generar la solución que plantea la Nación para paliar esta situación, Alejandro Boggiano explicó que “hoy las empresas pagan el litro de gas oíl 0,93. Desde hoy no van a poder comprar más a ese precio. La Nación le va a mandar la plata para que lo compren directamente. Como ya sabemos, va a llegar menos dinero del costo real y esta plata llegará con un delay de 15 días, como mínimo. No nos olvidemos que no es fácil conseguir por estos días gas oíl a granel, a precio mayorista”.
La Cámara de Apelaciones fijó penas de hasta 8 años y medio de prisión para el matrimonio dueño de los perros que atacaron al niño. El fallo confirmó por segunda vez la mecánica del trágico suceso y agravó la figura penal al entender que los imputados conocían el peligro de la jauría.