El Gobierno espera "aclaraciones" sobre la situación del jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien fue vinculado por organismos de derechos humanos con tareas de espionaje durante la última dictadura militar.
Así lo indicó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el primer funcionario del Gobierno en referirse al caso, quien precisó que "el tema está ahora en manos de la Justicia", en el juzgado federal de Sergio Torres.
"El tema está ahora en manos de la Justicia y esperamos que hayan las aclaraciones que esperamos que se produzcan", subrayó Tomada en declaraciones a radio El Mundo.
Y agregó: "Vamos a esperar esas aclaraciones por parte de quienes están implicados en ese tema".
Martínez, que mantiene buenos lazos con el Gobierno y era uno de los favoritos de la Casa Rosada para reemplazar a Moyano al frente de la CGT en junio de 2012, se lo acusa de haber integrado el Batallón 601 como agente civil.
El Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Sitraic), la CTA que lidera Pablo Micheli y organismos de derechos humanos que se presentaron como querellantes lo vinculan con la desaparición forzada de 105 trabajadores de la UOCRA durante la dictadura.
En la presentación ante la Justicia, los denunciantes incluyeron un facsímil de la "Nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976-1983", donde figura "Gerardo Alberto Martínez" con "DNI 11.934.882".
"Bajo la dictadura -y también desde tiempos previos- el Batallón 601 se especializaba en hacer inteligencia sobre todos aquellos grupos y personas consideradas subversivas, utilizando tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final mediante el seguimiento de cautivos y ocultamiento o destrucción de cuerpos", se indicó en el escrito.
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