Tras conocerse la caída de mampostería y el derrumbe de dos pisos interiores en el edificio histórico “Casa del Brigadier López” de la ciudad capital, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe intervino buscando interiorizarse sobre la gravedad de este hecho que sucedió el domingo por la tarde.
En un oficio firmado por el defensor Adjunto Zona Centro Norte, Luciano Leiva, la institución pidió precisiones a los ministerios de Gobierno y Reforma del Estado y de Obras Públicas, sobre varios aspectos del incidente pero fundamentalmente sobre la suerte que podrían correr las viviendas lindantes al edificio donde actualmente funciona el Archivo General de la Provincia.
A partir de los contactos telefónicos realizados, desde el Ejecutivo Provincial informaron que se encargó un peritaje urgente de las viviendas aledañas para descartar cualquier tipo de riesgo.
El presunto peligro estaba signado por dos vías que podrían producirse de modo independiente o simultáneo. La primera es que la vieja construcción de adobe del siglo XIX siguiera derrumbándose. En este sentidpo, y de acuerdo a lo manifestado a la defensoría, ello se presume conjurado dado que se iniciaron los trabajos de apuntalamiento y estabilización de toda la estructura edilicia.
El segundo riesgo estaba dado por conocer las causas del derrumbe, si el mismo estuvo o no vinculado con el movimiento de suelos que se realiza a metros en la megaobra en la que se están construyendo los nuevos Tribunales provinciales, y así lo inquirió el Defensor del Pueblo Adjunto a la provincia. Al respecto, la respuesta preliminar fue que ya se encargaron estudios para analizar la situación.
El defensor pidió también que se preserven la documentación y demás capital histórico que se resguarda en el edificio, a lo que el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado confirmó que ya se dispuso su traslado al edificio de Archivo Intermedio. En principio no habría pérdida material de valor.
Además, se tomó contacto con autoridades locales de la ciudad de Santa Fe, que informaron las acciones emprendidas hasta ahora y entre las que se cuenta, como prioridad, la de estabilizar el edificio. Recordaron que mientras se aguardan estudios más profundos, se dispuso el inmediato desalojo, el vallado de la zona lindante y la reducción del tránsito a media calzada así como los cortes en el suministro de gas, energía eléctrica y agua.
La Defensoría del Pueblo sigue con mucha atención este tema para brindar la información necesaria a los ciudadanos y, en caso de que se lo considere, solicitar otros informes con la finalidad de requerir otras medidas de protección para los habitantes santafesinos.