La medida fue adoptada por un decreto presidencial y según se publicó hoy en el Boletín Oficial, el Programa dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Para su creación fue tenida en cuenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que menciona que "los Estados reconocen el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la justicia en iguales condiciones que los demás".
A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia "los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia", señala la información.
La creación del Programa responde a "asegurar el respeto de la dignidad inherente de las personas con discapacidad, a fin de facilitar la comunicación y la obtención de la información necesaria para el efectivo acceso a la justicia".
Entre las funciones establecidas para el Programa está la de promover la capacitación adecuada de profesionales y del personal que trabaja en la administración de justicia, a fin de prestar una mejor asistencia a las personas con discapacidad.
Además, está previsto monitorear las condiciones de detención de la población penitenciaria con discapacidad, tanto procesados como condenados y proponer acciones de coordinación con los organismos y dependencias con responsabilidad primaria sobre la materia.
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