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La jueza federal María Servini de Cubría citó a declaración indagatoria a más de una docena de personas, entre ellas varios dueños de casas de cambio y empresas de turismo, por haberles vendido dólares a los denominados "coleros" sin reparar que ello podría contribuir al lavado de dinero.

Fuentes judiciales informaron que la jueza ordenó citarlos a indagatoria, que fueron fijadas a partir de la próxima semana y se extenderán hasta fin de mes. Entre los convocados está Alfredo Piano, dueño de Casa Piano, una de las más tradicionales y concurridas del microcentro porteño, en cuyas cercanías podían observarse hasta pocos días atrás a decenas de "coleros" esperando ser convocados para operaciones.

La causa, caratulada "Buk, Jaime León y otros s/asociación ilícita", se inició en mayo de 2008 cuando agentes del Banco Central comenzaron a realizar un seguimiento de las transacciones de venta de dólares de casas de cambio, tanto en el micro como el macrocentro.

Así fue como los agentes del BCRA, cumpliendo las tareas de control, dieron cuenta a partir de julio de 2007 de un incremento más que llamativo en las transacciones de venta de cambio, en su gran mayoría de dólares, y que para esa tarea se utilizaban a "coleros", como se denominó a las personas que compraban para terceros.

Esos "coleros" les permiten a los verdaderos compradores mantenerse en el anonimato y evitar aportar sus datos –requisito
para la operación- y que los mismos queden registrados en al base de datos del BCRA. Desde entonces, la jueza avanzó en la causa, que ya cuenta con un total de 26 cuerpos y más de 5.100 fojas.

Además de casi una decena de "coleros", la jueza citó al titular de Casa Piano, Alfredo Piano. La lista de citados incluye también al titular de Cambio Perseo S.A, Carlos Mateu; a Eduardo Roig, de Antonio Di Giorgio; a Hugo Paz, presidente de Italtur SA; a Carlos Reynier, dueño de Paris Cambio; y a Horacio Angeli, de la casa Transatlántica.

A los dueños de las casas de cambio y agencias de turismo se los acusa de los delitos de asociación ilícita y encubrimiento. Las indagatorias arrancan el próximo 14 de noviembre y se extenderán hasta el 22 de diciembre próximo.