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El Gobierno dará esta semana los últimos pasos para completar la primera fase del plan que lanzó hace 15 días con vistas a reducir el enorme volumen de subsidios –unos $ 70.000 millones este año– que se destinan a mantener controladas las tarifas de luz, gas, agua y transporte. Será mediante un doble mecanismo: por un lado, le dejará en claro a líderes provinciales que si aumentan tarifas les reducirán los aportes nacionales. Y, por el otro, implementará subas en promedio del 150% en el servicio de agua, a partir de diciembre para los sectores ya anunciados: bancos, juegos de azar, aeropuertos internacionales, telefónicas, mineras y petroleras, entre otras.

“La quita de subsidios al agua está en el trámite administrativo. Saldrá como una disposición de la Subsecretaría de Recursos Hídricos que le ordenará que lo implemente al ERAS (el ente que regula al sector) y a AySA”, confirmaron fuentes oficiales a El Cronista.
Si bien el porcentaje de aumento es importante en términos porcentuales, en el Gobierno descuentan que no generará inconvenientes debido a que a diferencia del gas y la electricidad, el valor del agua es sensiblemente bajo.

En paralelo, el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido, confirmó ayer que si municipios, provincias o el propio Gobierno de la Ciudad, a cargo de Mauricio Macri, autorizan aumentos en servicios que cuenten con subsidios del Estado nacional, se les retirarán transferencias por igual porcentaje.

Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación de Planificación y uno de los encargados de liderar la comisión que debe estudiar caso por caso los segmentos a los que se les reducirán los subsidios, lo expresó en estos términos a la agencia Télam: “Si alguna provincia aumenta las tarifas de los servicios públicos que regula, se le descontará en la misma proporción de los subsidios que envía el gobierno nacional. Lo que hemos anunciado es una baja en los subsidios; no un aumento de tarifas”.

El funcionario, mano derecha de De Vido, agregó que “esto incluye transporte público de pasajeros, electricidad y gas”. Esa regla, además, regirá para cualquier “modificación de los impuestos que se aplican a esos servicios”.

El mensaje de Baratta no es ingenuo. Durante los últimos días, hubo aumentos en los servicios públicos en provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Misiones y La Rioja.
Por caso, la Subsecretaría de Transporte santafesina, que en última instancia depende del gobernador Hermes Binner, actualizó desde ayer las tarifas de los colectivos interurbanos entre 9% y 18%, según la distancia. Entre los argumentos que esgrimió, figuran la necesidad de “mantener sustentable al sistema” frente a las alzas de costos y atento a la asimetría existente en el reparto de los fondos para subsidios por parte del gobierno nacional entre el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país”.
El gobierno nacional subsidia el gasoil que se utiliza en el transporte público provincial, que tiene una incidencia muy variable en todos los casos. De todas formas, siempre está por debajo de los aportes que realiza en el AMBA.

En la misma línea, la Legislatura cordobesa aprobó nuevas tarifas con alzas de 28% para el EPEC, la distribuidora eléctrica provincial que está en manos públicas. En ambos casos, si las provincias no dan marcha atrás con la medida, sufrirían recortes en los aportes nacionales.

El anuncio de Baratta también apunta contra Mauricio Macri, uno de los enemigos políticos del kirchnerismo. El jueves, la ministra de Desarrollo Social y vicejefa de gobierno electa, María Eugenia Vidal, se llevó de manos del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, una propuesta para quedarse con el manejo de la red de subterráneos a partir de diciembre, pero con la mitad del aporte del Estado (hoy es de $ 700 millones al año) para mantener el boleto bajo. La iniciativa, sin embargo, sostiene que el Gobierno retirará en partes proporcionales su aporte en caso de eventuales aumentos en el pasaje. Hoy, el costo real del servicio es el triple que el del boleto ($ 1,10 por viaje).