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El suspendido juez integrante de la Cámara Federal de Mendoza Otilio Roque Romano fue acusado hoy de haber sido "cómplice" y "encubridor del terrorismo de Estado" al iniciarse el juicio político en su contra por mal desempeño en sus funciones.

Fuentes judiciales informaron que Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, acusó al juez por haber dado su "colaboración a los represores" de la última dictadura militar.

Romano actualmente se encuentra en Chile con un pedido de captura internacional en su contra, adonde viajó un día antes que el plenario del Consejo de la Magistratura lo suspendiera en sus funciones y lo remitiera a juicio político.

"Esa indignidad ya merece de por sí sola la destitución", sostuvo Ordiales, quien ofició de fiscal en el juicio junto con el consejero Carlos Moreno.

Para Ordiales, el juez fue "funcional al plan represivo de la dictadura" puesto que "contrarió intencionalmente, deliberada y voluntariamente su obligación de investigar" los delitos de lesa humanidad cometidos cuando él era fiscal en 1976.

El Tribunal de juicio está compuesto por las juezas María Alicia Noli y María Susana Najurieta, los senadores Rolando Bermejo y Emilio Alberto Rached, los diputados Oscar Albrieu y Ricardo Buryaile y el abogado Fabián Antonio Sahade.

Romano está acusado por siete cargos por haber omitido "en forma reiterada y prolongada en el tiempo la promoción, persecución y represión de delitos de lesa humanidad" durante la última dictadura.

Al suspendido juez también se lo acusa de haber archivado sin investigar la supuesta apropiación de Rebeca Manrique en 1977, una joven que recuperó su verdadera identidad muchos años después, en democracia.

Sobre el camarista suspendido pesa un pedido de captura internacional por parte del juez mendocino Walter Bento, aunque no puede hacerse efectivo mientras conserve sus fueros, y si llega a ser destituido depender de la decisión que al respecto se tome en Chile.