Lt 10

Aguas de Santa Fe comunicó la intención de aplicar una suba en el servicio de agua de 80 por ciento en el primer bimestre de 2012 seguido de otro de 15% en el segundo y otro también de 15% en el tercero. Consolidados, los tres escalones de la suba implican un incremento del 138 por ciento con relación a la boleta actual.

La empresa elevará el informe y el pedido al organismo de contralor, el Enress (Ente Regulador de Servicios Sanitarios), que deberá emitir un dictamen. La opinión del Enress no es vinculante con relación a la decisión que finalmente tome la empresa, pero de todas maneras se supone que algún "consejo" o "acercamiento" debería mostrar.



La provincia expresó ayer la necesidad de ajustar no solo el agua sino también la luz. Y lo hizo a través del ministro del area, Antonio Ciancio (de Obras y Servicios Públicos). Pero de todas maneras los valores que primigeniamente hizo saber el funcionario para la electricidad no tuvieron nada que ver con lo que esta tarde se terminó conociendo para el agua. Ciancio habló de, en el caso de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), un 13,4 por ciento desde diciembre y un 9,8 en marzo. Se suponía que para el agua la distancia no iba a ser tanta.

La mirada del ENRESS

En diálogo con LT10, Alberto Muñoz, titular del ENRESS, expresó que “la empresa le giró al ministerio de Aguas su pedido de actualizar las tarifas y el ministerio lo llevó al ENRESS. Nosotros vamos a hacer una reunión de directorio y vamos a convocar a una audiencia pública. Para nosotros la audiencia es un proceso a través del cual los ciudadanos y las organizaciones pueden evaluar el funcionamiento de la empresa y en función de todo eso llegar a un conclusión de qué se tiene que hacer”.

Consultado sobre si el incremento del 138% significa la tarifa real (sin subsidios), Alberto Muñoz señaló que “este aumento no llega a ser la tarifa real. Hay una gran diferencia entre lo que aportamos los usuarios y lo que cuesta el servicio. Hay un subsidio del gobierno provincial para el servicio de ASSA que no comprende a toda la provincia. Esto implica una justicia porque hay 1.300.000 ciudadanos que no tienen este subsidio. En el caso de ASSA, los subsidios se utilizan para pagar sueldos e insumos. Nosotros creemos que estos subsidios deberían ser utilizados para obras de infraestructura. Es un momento muy interesante para discutir la globalidad del problema”.

Finalmente, el titular del ENRESS remarcó que “nosotros creemos que hay que tratar de volver al criterio de metas y objetivos. Hay una parte de la suba de costos que indudablemente tiene que ver con la inflación pero hay otra parte que tiene que ver con las obras. Es decir, si se cumplió con tales obras se permiten los aumentos”.