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Miércoles 21 de Septiembre de 2011 - 20:08 hs

Orden judicial obliga al Enapro a entregar documentos

 Una resolución de la sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de los Tribunales Provinciales de Rosario ordenó al Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) que entregue la documentación que había sido requerida por el diputado del Frente para la Victoria, Marcelo Gastaldi.

Gastaldi había presentado un recurso de amparo sobre acceso a la información pública y su correspondiente cautelar porque sostenía que desde el directorio del Enapro se negaron a brindarle la documentación correspondiente.

“Es vergonzoso que nos obligaran a recurrir a la Justicia para tener acceso a información que es pública como convenios con los distintos concesionarios y actas de directorio. No sólo perdimos tiempo en avanzar en un debate que permita transparentar las decisiones tomadas, sino que además causan un nuevo perjuicio a las arcas públicas debiendo hacerse cargo de las costas de los abogados”, sostuvo Marcelo Gastaldi a través de un comunicado.

“Luego de un largo peregrinar para acceder a copias de los convenios y actas del directorio del Enapro que comprometen el patrimonio público e implican decisiones altamente millonarias, la Justicia entregó la información solicitada”, agregó.

“Por un lado el fallo de Cámara me pone contento porque nos da la razón sobre la necesidad de disponer de la información oficial de las negociaciones llevadas adelante, pero por otro lado, reafirma las dudas que veníamos manifestando en relación a lo inexplicable que resulta la extensión de la concesión a un privado por siete años, la modificación en los criterios sobre quien debe hacerse cargo de la inversión de la construcción de los nuevos muelles y la imprevisión en relación a los estudios técnicos, financiamiento y plazos de las construcciones previstas” señaló el d iputado provincial rosarino.

“Se perdió tiempo sin sentido, se evitó transparentar el debate, mantenemos las mismas dudas sobre las decisiones tomadas, nos obligaron a judicializar un tema que debería haberse resuelto por los canales políticos institucionales existentes, el erario público volvió a perjudicarse, como puede observarse un hecho nada claro en la vida institucional de la provincia”, concluyó el documento.