Schoklender pretendía que el expediente pase al juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga los contratos para la construcción de viviendas sociales entre las Madres y municipios y provincias, al considerar que ambas pesquisas contemplan los mismos hechos pero esta se inició primero, por lo que se debían unificar.
Sin embargo, Oyarbide consideró que se trata de objetos procesales distintos, tal como había opinado en un dictamen previo el fiscal federal Jorge Di Lello, y se mantuvo al frente de la investigación, dijeron hoy fuentes judiciales.
Schoklender, su hermano Pablo -también ex apoderado de la Fundación- y otra decena de personas están acusados del presunto desvío de fondos de las Madres y lavado de dinero, que habría sido utilizado para la compra de diversos bienes, como autos y viviendas a través de empresas.
Di Lello trabaja en los pedidos de indagatorias para los acusados, que se prevé se presentaría al juez los primeros días de diciembre.
Uno de los imputados es el abogado de las Madres, Sergio Gandolfo, quien por esa situación renunció el martes a seguir representando a la entidad en la causa.
Por otra parte, Martínez de Giorgi investiga si se cumplieron los contratos y si se pagaron sobreprecios en las construcciones de viviendas que las Madres hicieron en provincias y municipios. En ese expediente no hay imputados.
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