Un policía de 31 años fue procesado por los delitos de hurto agravado, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público luego de constatarse que durante varios meses usó un teléfono celular que le había sido incautado a un hombre detenido por robo y que debía estar secuestrado. El juez de Instrucción 9ª dictó además la falta de mérito para otros dos uniformados que tuvieron a su cargo el sumario del hecho, registrado en abril de 2009 en jurisdicción de la seccional 19ª.
La denuncia fue radicada en marzo pasado por el titular de una línea telefónica de la empresa Nextel que se vio envuelto en una situación inexplicable. Según relató, en abril de 2009 uno de sus empleados fue detenido por un hecho de robo en la zona oeste yla Policíale incautó un Nextel de su propiedad. El aparato telefónico debía quedar a disposición del Juzgado de Instrucción de la 3ª Nominación –que ordenó el operativo–, pero llamativamente once meses después comenzaron a llegarle al titular gastos de consumo que correspondían a esa línea.
La denuncia dio lugar a una minuciosa investigación a cargo del juez de Instrucción de la 9ª Nominación, Javier Beltramone, quien primero constató que el aparato móvil telefónico no estaba en poder del Juzgado a cargo de Luis María Caterina y luego siguió los rastros de las llamadas.
El primer dato llamativo fue que los destinatarios eran en su mayoría efectivos policiales, para luego constatar que también era un policía quien los efectuaba.
Se trata de Pablo Alejandro R., de 31 años, quien esta semana fue procesado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, hurto agravado y estafa, todos ellos en concurso real y en el carácter de autor.
“Lo primero que se advierte es que el teléfono que debería estar secuestrado e inactivo no sólo estuvo activo y en movimiento sino que el mismo contiene numerosas llamadas hechas en principio a personal policial; tal es la cantidad que se comienza a perfilar un uso por la propia fuerza policial”, indica el fallo judicial.
No obstante, la investigación se dificultó en un principio ya que los primeros testimonios tomados a policías que habían recibido llamadas de la línea en cuestión no aportaron datos relevantes, al declarar que desconocían el número del cual provenían los llamados o no recordaban a quién habían atendido.
Entre esos testimonios se enmarca el de una agente policial, ex concubina del imputado, quien recibió más de 230 llamadas del aparato Nextel hurtado durante un operativo llevado a cabo por personal de la seccional 19ª en un lapso que no superó los tres meses.
En relación a ese testimonio, el juez Beltramone indicó que “más allá de negar el conocimiento del número, hecho este que aparece cuanto menos desatinado y que coloca a L. O. al límite de lo absurdo (en referencia a la mujer policía), al intentar negar el conocimiento de un número del cual recibe 239 llamadas en menos de 90 días. Vale decir que ha recibido casi tres llamadas diarias del mismo número. L. O. carece de buena memoria”.
Fue el testimonio de otra mujer policía el que develó la identidad del efectivo que utilizaba la línea, dado que la uniformada lo tenía agendado en su celular como “PA” por sus iniciales, entre otras cosas porque durante un tiempo trabajó con él en la comisaría 19ª, justo en el época en la que se produjo el operativo en cuestión.
Entre sus argumentos, el juez señaló: “Más de las negativas de conocimiento del número en cuestión, respecto de las llamadas recibidas por las numerosas personas citadas a declarar en este aspecto (todos agentes pertenecientes ala Policíasantafesina) este patrón es otro indicio que a la luz de la sana crítica racional, no puedo dejar de soslayar a la hora de valuar el uso ilegal del aparto en cuestión”.
En la misma resolución, Beltramone dictó la falta de mérito de los demás uniformados imputados por facilitar el hurto del aparato celular, entre ellos el sumariante, el agente encargado de despachar los elementos incautados durante el operativo ala Justiciay el titular en abril de 2009 de la comisaría 19ª
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