La constante fuga de divisas locales hacia el dólar obligó a algunos funcionarios del Gobierno a desempolvar el manual de la heterodoxia cambiaria K, que se había utilizado por última vez a finales de 2008 y principios de 2009, en medio de la efervescencia financiera por la crisis que había comenzado con la quiebra de Lehman Brothers.
Junto a medidas institucionales, como las restricciones para comprar divisas sin previa autorización de la AFIP, durante las últimas semanas un grupo de funcionarios comenzó a pedir a las empresas más grandes del país que demoren “en 10 o 15 días el pago de bienes y servicios a proveedores del exterior”, según relataron sus interlocutores a El Cronista, bajo pedido de reserva. El reclamo fue confirmado en varias empresas.
Entre los hombres de negocios consultados apuntaron tres nombres (o miembros de su entorno): el primero fue el de Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior que, luego de varios años haciendo trabajos de los más variados en la función pública –desde el control de precios hasta el manejo de la crisis energética– tiene una agenda completa con los nombres de los intermediarios, lobbistas y timoneles de todas las compañías importantes del país.
En segundo término, mencionan al ministro de Economía y vicepresidente electo, Amado Boudou, y en tercer lugar a Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, quien ayer negó que desde el organismo recaudador se pongan en contacto con empresas para reclamarles que no compren dólares.
Los empresarios temen que el hasta ahora pedido se transforme en una orden de interrumpir las compras de divisas extranjeras si no cede la presión de la moneda americana sobre el peso.
“¿Qué gana el Gobierno si demoran sólo 15 días el pago de importaciones”, le preguntó El Cronista a un ejecutivo habituado a pisar despachos oficiales. “No lo sabemos. Nos preocupa que piensen en soluciones de tan cortísimo plazo”, respondió.
Esa es una de las discusiones que, si bien no traslucen, acapara las conversaciones en el seno de la Unión Industrial Argentina (UIA), la principal central empresaria del país.
Los representantes del sector productivo también están preocupados por otra medida referida al dólar: la negativa del Gobierno a autorizar el giro de divisas al exterior en concepto de dividendos. Moreno amenazó ayer a los presidentes de empresas multinacionales automotrices, alimenticias y de servicios con aplicarles represalias si siguen girando utilidades a sus casas matrices. Y les pidió una tregua hasta fin de año, cuando la presidenta Cristina Fernández asuma su segundo mandato.
“Le pedimos a Moreno resoluciones y medidas que nos permitan justificar el freno al giro de los capitales al exterior, dado que desde nuestra casa central nos piden que mandemos plata para fortalecerles las finanzas, que están afectadas por la crisis financiera”, explicó un ejecutivo de esas empresas. La versión se repitió en otras firmas.
En todos los despachos apuntan a que el caso de YPF es paradigmático. En la reunión de Directorio que se realizó el segundo día de este mes, Roberto Baratta, coordinador del Ministerio de Planificación y director del Estado en la empresa, votó en contra de la distribución de dividendos prevista por la empresa. No es un caso más: YPF pertenece en un 25% a la familia Eskenazi, de buen diálogo con el Gobierno. Pero reparte la enorme mayoría de sus ganancias (un 90%), que tienen como destino el exterior.
Luego de que se conociera el fallecimiento de Eduardo Villanueva, los puesteros de la plaza mantienen su declaración sobre lo que sucedió ese día. La Municipalidad está a disposición de la Justicia, dijo el intendente Poletti.