NUEVA YORK.- Causó inquietud en el país la decisión de Estados Unidos de sancionar a la Argentina por "incumplimiento de normas internacionales", castigo que hará efectivo mediante el recurso de oponerse, de ahora en adelante, a la aprobación de los préstamos que la Argentina intente gestionar en organismos de crédito internacional.
La decisión fue hecha pública por la subsecretaria para Mercados Internacionales y Desarrollo del Tesoro de EE.UU., Marisa Lago.
La funcionaria la fundamentó en el hecho de que la Argentina no cumple con el pago de fallos que, en su contra, emitió el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi), así como por su resistencia a "negociar con sus acreedores internacionales".
Fuentes argentinas admitieron que es un "duro golpe" que puede ir más allá de los préstamos que, por un total de US$ 1600 millones, la Argentina gestiona ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).
"No hay ningún problema con los préstamos; todo está muy bien y viene muy bien", afirmó, sin embargo, el ministro de Planificación, Julio De Vido, cuando, horas antes de difundirse públicamente la noticia, se reunió aquí con el director del BID, Luis Alberto Moreno.
Para entonces, Washington ya había puesto en práctica su nueva política y el pasado día 14 votó en contra de un préstamo que, por 230 millones de dólares, la Argentina gestionó ante ese mismo organismo. Era la primera vez en mucho tiempo que eso ocurría.
"Votamos así para enviar un mensaje sobre nuestra preocupación sobre esto. Seguiremos votando «no» a los créditos para la Argentina y esperamos involucrarnos con otros donantes para que compartan nuestra preocupación y para enviar un mensaje de que valoramos, y pensamos que los países deben cumplir con sus obligaciones internacionales", dijo Lago. Consultadas por LA NACION, fuentes del BID confirmaron el voto en contra de Washington, pero señalaron que, de todas maneras, el préstamo resultó aprobado por el voto de otros miembros.
La nueva política no fue aplicada aún en tratativas ante el Banco Mundial (BM), donde la Argentina gestiona ahora un préstamo por US$ 85 millones. La confianza es que, de todas maneras y al igual que sucedió en el BID, salga a flote con el apoyo de otros países. "Esto tiene que ver, sobre todo, con el problema del Ciadi", se admitió. Se espera que el ministro Amado Boudou se reúna con Pamela Cox, directora para la región del BM.
El revés llega en momentos en que la Argentina estaba confiada en haber desarrollado una eficaz estrategia para revertir la impresión negativa de Washington ante la decisión del Gobierno de no efectivizar el pago de algunos fallos del tribunal.
"La Argentina está cumpliendo con lo que dicta el procedimiento", aseguró, de hecho, el embajador Alfredo Chiaradia en cartas que envió al secretario del Tesoro, Timothy Geithner, y a la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Estas mostraban, incluso, la disposición del país a someter el caso ante el Tribunal Internacional de La Haya si hubiera sanciones comerciales contra el país. La duda es si ese posible escenario está ahora más cerca.
La cuestión remite, especialmente, a los US$ 260 millones que, amparada por un fallo del Ciadi, reclama la norteamericana Azurix, ex prestataria del servicio de agua en la provincia de Buenos Aires, fallo que el gobierno argentino no ha cumplido y sostiene que no debe efectivizar.
"La posición argentina es insostenible. Parece dispuesta a llevarse por delante todo el sistema del Ciadi", dijeron a LA NACION fuentes de la empresa querellante.
El próximo paso podría ser la expulsión de la Argentina del sistema de preferencias comerciales por el que exportadores argentinos obtienen cerca de 30 millones de dólares al año en beneficios arancelarios..
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