Justo el día en que el matarife más famoso, Alberto Samid, firmó un contrato para actuar en el verano junto a la explosiva vedette Victoria Xipolitaxis, el Ministerio de Agricultura tomó una decisión igual de explosiva: suspendió por 180 días la emisión de nuevas matrículas para actuar como matarifes o consignatarios directos de hacienda. Sería el primer paso de una ofensiva oficial contra la multimillonaria evasión en el negocio de la carne.
La Resolución 425/15, firmada por el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, fue publicada ayer en el Boletín Oficial. Repite una medida aplicada hace años por la disuelta ONCCA para ordenar el mercado y erradicar matrículas sospechosas. "Actualmente se encuentran inscriptos en el RUCA (el Registro de Operadores Agroalimentarios) más de 1.000 matarifes", se explicó antes de cerrar el grifo por los próximos seis meses. En ese lapso, se supone, la idea oficial es depurar de ese listado la gran cantidad de operadores truchos.
Tanto los matarifes como los consignatarios directos trabajan con hacienda propia o en consignación, y contratan los servicios de faena en una planta frigorífica. Se sabe que detrás de esta proliferación de permisos se esconde el filón de la evasión impositiva en el sector cárnico, que tuvo un pico a fines de los años 90 (el propio Samid llegó a estar procesado acusado de evadir por $ 88 millones), que derivó en la rebaja de la alícuota del IVA del 21 al 10,5%. Otra forma de eludir todas las normas laborales y previsionales es la utilización de dudosas cooperativas.
En los últimos años, según varias fuentes, se registra un fuerte rebrote de la evasión, que tiene mucho que ver con el relajamiento de los controles luego de la disolución de la ONCCA en 2011. Sucede que el control quedó a cargo de Agricultura, pero la potestad de aplicar sanciones depende de Economía. Así, el Estado actúa como una suerte de "policía bobo": cuando detecta la infracción no dispone del talonario para multas. Un ejemplo de lo mal que funcionarían las cosas es lo que sucedió unas semanas atrás en el frigorífico santiagueño Forres Beltrán, donde tras una inspección se decidió la interdicción de 1.600 medias reses que figuraban a nombre de dos matrículas muy sospechosas, Emesefar SA y Platy SA.
Según una fuente del frigorífico, el grupo Beltrán "no tuvo nada que ver con el hecho porque solo prestaba el servicio de faena" a ambos operadores, a los que luego hasta les habrían devuelto la carne que se había secuestrado. Luego de ello, nunca hubo una explicación oficial sobre lo sucedido.
Ocurrió esta mañana en Tucumán al 2600, frente a una compañía de seguros. Según un testigo, la mujer, que se encontraba de civil, habría amenazado con "efectuar disparos" al agente municipal tras una orden de retirar su vehículo que estaba mal estacionado.