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 Casi dos años después de que Uruguay aprobase la ley que regula el mercado de la marihuana bajo el control del Estado, el Gobierno del país sudamericano anunció que dos empresas se encargarán de cultivar el cannabis y se marcó un plazo "no menor a ocho meses" para que sea vendido en farmacias.

El acceso de la población en general a esta sustancia, mediante registro y a través de los establecimientos farmacéuticos, se había convertido hasta ahora en un constante aplazamiento desde que en agosto de 2014 el Estado realizase el llamamiento a las empresas interesadas en producirla.

El motivo, según explicó el Gobierno en varias ocasiones, era otorgar mayores plazos a las empresas para asegurar que no "ocurran fallas", al sentirse un país punto de mira internacional en la materia.

Este jueves, y tras un proceso de calificación técnica y selección que realizó el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), se anunció que dos son las empresas que obtuvieron del Gobierno las licencias de producción y distribución de marihuana que, controlada por el Estado, será vendida en farmacias habilitadas.

"Para que el producto llegue a las farmacias va a transcurrir un plazo seguramente no menor a ocho meses a partir de este momento y en este marco el Estado iniciará campañas de difusión sobre los riesgos del consumo para la salud", explicó el presidente de la Junta Nacional de Drogas, Juan Andrés Roballo.

De capital uruguayo y extranjero, dos empresas, de 22 que se postularon, serán las encargadas de producir, en principio, hasta dos toneladas anuales de producto en un lugar de propiedad estatal ubicado al suroeste del país y que contará con seguridad, tanto de gestión pública como privada.

El objetivo que marca la ley es que el cannabis, cuyas semillas todavía están en fase de evaluación con el fin de obtener una genética propia, llegue a los ciudadanos que oportunamente se registren en el Ircca en dosis de hasta 40 gramos mensuales y 10 semanales.

El Gobierno continúa en conversaciones con las farmacias, establecimientos que la ley establece como dispensadores de la marihuana, y ya hay un borrador de acuerdo y un acta de entendimiento sobre unos 11 puntos básicos que tienen que ver con las condiciones de venta y seguridad.

Consultadas por la agencia internacional EFE, fuentes del Centro de Farmacias de Uruguay, gremio de los propietarios de estos establecimientos, declinaron hacer declaraciones -como es habitual desde la aprobación de la ley-, aunque señalaron que se trata de un tema "muy delicado" en el país, y que de momento "no hay certeza" de los detalles sobre cómo se desarrollará la venta.

En torno a un dólar por gramo costará comprar la marihuana, un precio dispuesto "con cierto margen" para poder ser adecuado a lo que es, por lo menos de base, el precio del mercado ilegal, explicó en conferencia de prensa el presidente de la junta directiva del Ircca, Augusto Vitale.

"A nosotros nos parece bien que se siga apostando a que el gramo de cannabis esté a un dólar y continúe siendo competitivo con el mercado negro, porque es uno de los objetivos principales de la política", asegura Hernán Delgado, integrante de la ONG Proderechos, una de las impulsoras de la legalización del cultivo.

Hasta que se pueda pagar por ella legalmente, dos formas hay ya de poder acceder según la ley al cannabis en el país sudamericano, no sin antes cumplimentar un largo trámite burocrático de registro.

Y es que desde mediados de 2014 está en marcha el cultivo doméstico, destinado a quienes se registren para plantar cierta cantidad de marihuana en su propia casa, así como los llamados clubes cannábicos, que funcionan como una especie cooperativa para el cultivo colectivo de un grupo limitado de personas.

Mujica, ex presidente, impulsor de la ley

Proderechos estima que unas 55.000 personas consumen marihuana varias veces por semana y 18.000 a diario en Uruguay.

No obstante, hasta ahora son más de 3.000 usuarios legalizados en todo el país entre cultivadores domésticos y los organizados en clubes cannábicos.

Acabar con el negocio del narcotráfico fue una de las principales razones para que bajo el mandato de José Mujica (2010-2015) se aprobase en diciembre de 2013 una ley que convirtió al Uruguay en pionero en este enfoque de la lucha antidrogas.

Tras la licitación anunciada para vender marihuana recreativa, con inversiones de las empresas no menores a los 600.000 dólares y que pueden llegar a los dos millones, queda por delante la correspondiente a las que producirán la sustancia para uso medicinal o de investigación.