Más de 180 casos de torturas se registraron desde diciembre en Santa Fe, perpetrados por fuerzas de seguridad del distrito, según un informe del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, que reportó que el 43% de las víctimas tiene menos de 30 años y el 12% es menor de edad.
La directora del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Lorena Negro, dijo que ‘en la mayoría de los casos‘ las víctimas de las torturas ‘sólo tienen estudios primarios‘ y manifestó que no todas las denuncias fueron judicializadas.
‘El estudio apunta tanto a policías como a miembros del Servicio Penitenciario‘, advirtió la funcionaria en declaraciones a la prensa local, y afirmó que ‘la policía es la que se lleva el mayor cantidad de casos‘.
Negro expresó que ‘del total de los casos, 108 pertenecen a Rosario‘, sostuvo que ‘el 43 por ciento refiere a víctimas de entre 19 y 29 años, y un 12 por ciento a chicos menores de edad‘. ‘En la mayoría de los casos, sólo tienen estudios primarios‘, sostuvo la funcionaria, y dijo que el informe registró 187 casos de torturas en la provincia.
La directora del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal manifestó que el estudio es ‘un primer acercamiento y no necesariamente son denuncias judicializadas, ya que basta con sólo acercarse e informar que fueron maltratados‘. ‘El 38 por ciento de los casos no son judicializados por temor a represalias. Son los más vulnerables, los que tienen menor capacidad simbólica para denunciar‘, advirtió.
En ese sentido, explicó que ‘al relevar nosotros estos datos en comisarías y centros de detención tuvimos que indagar bastante, porque son personas que tal vez tienen muy naturalizado el maltrato tanto físico como psicológico‘. ‘El 72 por ciento de los casos de abuso policial se dan en la vía pública y un 18 por ciento en las comisarías‘, precisó la directora del organismo.
El Servicio Público Provincial de Defensa Penal es una institución creada por Ley Provincial N13.014, con autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera dentro del Poder Judicial santafesino. El organismo brinda servicios gratuitos de defensa penal a las personas acusadas de haber cometido un delito o que se encuentre cumpliendo una pena, que se niegue a designar un abogado particular.
En un solo día se registraron 78 llamados en todo el territorio. El costo promedio de cada despliegue ronda los 7 millones de pesos.