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 Por este motivo, y con el objetivo de no retrasar la investigación, es que el juez federal Norberto Oyarbide pidió a expertos de la Corte Suprema de Justicia y de la Facultad de Ingeniería de la UBA que hagan el peritaje.

Los especialistas deberán constatar si efectivamente se construyeron las viviendas que figuraban en los distintos convenios que firmó la Fundación Madres de Plaza de Mayo con el gobierno nacional.

El magistrado estudia la denuncia de malversación de fondos públicos que pesa, en principio, sobre el ex apoderado de las Madres, Sergio Schoklender.

Este peritaje había sido ordenado, en rigor, a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Sindicatura General de la Nación, pero, por distintas cuestiones, hasta ahora no se hizo, publicó un matutino porteño.

Según explica, la AGN se quejó porque Oyarbide no le daba copias de la documentación secuestrada en los distintos allanamientos. Desde Tribunales argumentaron la negativa a entregar lo incautado la Auditoría porque estaban afectados a la causa, que desde hace 90 días se encuentra bajo secreto de sumario.

A cambio, Oyarbide le ofreció a la AGN que sus auditores trabajaran en el juzgado, pero no llegaron a un acuerdo y el peritaje no pudo realizarse de manera completa.
Por su parte, desde la Auditoría General afirmaron al matutino que "dada la complejidad de la tarea” el peritaje “puede demorar entre 5 y 6 meses".

Además, subrayaron que "se está trabajando intensamente y que en la medida en que accedan a toda la información que deben proveer los organismos intervinientes en esta cuestión, van a tener los resultados de la auditoría en el menor tiempo posible".

Mientras tanto, ante estos contrapuntos, Oyarbide pidió la intervención de la Corte y de ingenieros de la UBA.

El equipo deberá investigar si el precio pagado por metro cuadrado se compadece con la obra o si se presupuestó más de lo que finalmente se gastó en materiales.

También tendrán que verificar la cantidad de casas, si coinciden las que se acordaron con las construidas y si el dinero que se giró tras cada certificación de obra coincide con los metros cuadrados edificados.