El caso Ana María Acevedo sacudió al sector de la salud pública y a la política en todos sus niveles. El 17 de mayo pasado se cumplió el octavo aniversario de la muerte de la mujer oriunda de Vera, de 20 años, a la que le negaron un aborto terapéutico en el Hospital Iturraspe, pese a ser claramente uno de los casos titpificados en el Código Penal.
La causa penal fue iniciada por los padres de la joven a pocos días de su fallecimiento, en mayo de 2007. Las abogadas Mirtha Manzur, Paula Condrac y Lucila Puyol, de la Multisectoral de Mujeres, se constituyeron como actoras civiles en representación de los demandantes.
En junio de 2008, el juez en lo Correccional Eduardo Pocoví resolvió procesar al director del Hospital Iturraspe Andrés Ellena y a los jefes de los servicios de Oncología y Ginecología del nosocomio, César Blajman y Raúl Musacchio, respectivamente, por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. Con esta última imputación resultaron también procesados el radioterapeuta Jorge Venanzi; la titular del Hospital de Vera Sandra Barbieri y José Manuel García, integrante del Consejo de Administración de ese nosocomio. Desde entonces, el expediente espera ingresar a la etapa de Sentencia.
Pero además, la causa quedó entre medio del viejo y el nuevo sistema procesal penal de la provincia, por lo que el juicio podría ser oral y público pese a que hasta ahora el expediente se ha manejado por escrito. Es a esto que ponen sus reparos los defensores de los imputados. Así lo explicó Condrac: “la Cámara Penal hizo ayer una audiencia oral y pública para debatir la validez de la requisitoria de elevación a juicio, que ataca la defensa de los acusados. Ahora el Tribunal tiene un plazo de 20 días como máximo para expedirse. Entendemos que tiene la oportunidad histórica de poner un límite al ejercicio abusivo del derecho de defensa, que es lo que están haciendo hace siete años”, opinó.
“Los procesamientos se produjeron en 2008, y no logramos que se conviertan en condena porque nunca termina de empezar la etapa de plenario, que no dudamos que terminaría con condenas”, agregó la abogada.
El principio
Ana María Acevedo tenía 19 años y ya era madre de tres hijos cuando concurrió al Samco de Vera por un malestar dental. El 9 de mayo de 2006 comenzó su peregrinar en busca de salud, que culminaría con su muerte. Ese día le extrajeron una muela y la enviaron a su casa, pero el dolor no cesó.
Tras sucesivos ingresos al nosocomio y una sistemática indiferencia ante su padecimiento, en octubre le detectaron una tumoración maxilar que tenía, justamente, cinco meses de evolución. Ante la falta de respuestas en su ciudad de residencia, sus padres la trajeron al Hospital Cullen, donde el 13 de noviembre de 2006 se le practicó la resección del tumor, que resultó ser maligno (rabdomiosarcoma alveolar).
Fue derivada al Iturraspe, ya que era indispensable que posteriormente a la intervención recibiera rayos o quimioterapia. El 14 de diciembre la joven llegó a ese nosocomio con estudios que confirmaban gravidez. Por ello, el jefe del Servicio de Oncología de ese nosocomio le informó que se haría un “ateneo” para discutir su caso.
Pero su suerte ya comenzaba a echarse: si bien el radioterapeuta Jorge Venanzi reconoció que la paciente requería de las prácticas que eran su especialidad, sentenció: “las mismas no se pueden realizar” debido a sus efectos negativos para el feto; “el embarazo es una contraindicación para la realización de radioterapia”. Era el principio del fin para Ana María.
El nudo
El 20 de diciembre de 2006 Ana María fue derivada a Ginecología del Iturraspe con una infección urinaria, y dos días después se retiró, según registros de ese Servicio, “con alta voluntaria y sin esperar al médico”. Sin embargo, su madre, Norma Noemí Cuevas, aseguró que su hija fue instada a firmar un papel y a volver el 10 de marzo de 2007. De esta forma, la joven fue despachada para quedar durante tres meses sin control ni indicaciones sobre su embarazo, y sin definiciones en torno al tratamiento oncológico que debía aplicársele.
El 13 de febrero de 2007 volvió con la cara deformada y un indescriptible dolor. Por falta de aquél tratamiento, el cáncer se estaba expandiendo. Dos días después, el médico del Cullen que le había extirpado el tumor inicialmente, Alejandro Marozzi, indicó que la enfermedad era ya inoperable y volvió a sugerir radioterapia.
A esa altura, Cuevas y su marido Aroldo Acevedo empezaron a pedir la interrupción del embarazo. El Dr. Blajman les respondió “que tenían que esperar porque iban a hacer una reunión con los doctores de la panza y de la cara, más un cura y un juez”. Entremedio, el matrimonio se entrevistó con el director del Iturraspe, Andrés Ellena, quien les indicó que sólo con una orden judicial podría hacerse un aborto, porque de lo contrario era “un crimen” e irían “todos presos”. También fueron a la Defensoría del Pueblo. “Tienen tres meses aún para practicar el aborto”, recibieron por única y cínica respuesta en esa repartición.
El fatal desenlace
El 27 de febrero de 2007 se constituyó el Comité de Bioética del Iturraspe para analizar el caso, aunque con buena parte de los intervinientes en el seguimiento de Ana María ausentes: estaban en gozo de licencia. Las conclusiones no sorprendieron: se instó a realizar tratamiento sólo paliativo del dolor (no rayos ni quimioterapia), y a esperar a la semana 24 de gravidez para inducir el parto. Sobre la posibilidad de un aborto terapéutico, la respuesta (emanada por el Dr. Blajman) fue contundente: “por convicciones, cuestiones religiosas y culturales, en este hospital y en Santa Fe, NO”.
Con este resultado, la joven fue dada de alta al día siguiente. El 13 de marzo de 2007 regresó y el Dr. Venanzi reiteró su negativa a ocuparse de ella (“una vez finalizado el embarazo se evaluará la posibilidad de radioterapia paliativa”). El 17 de abril fue trasladada en ambulancia a esta capital desde Vera. Diez días después se le efectuó una cesárea de urgencia. Con 22 semanas de gestación, dio a luz una nena de 495 gramos, que falleció tras 17 horas de vida, el 27 de abril de 2007.
La joven se encontraba en estado pre-mortem, es decir, “con marcada insuficiencia respiratoria y falla en los órganos”. Tres días después se le inició el tratamiento de quimioterapia, pero ello debió interrumpirse para trasladarla a cuidados intensivos. Allí, Ana María agonizó hasta el 17 de mayo de 2007, cuando, con solamente 20 años, murió.
Las causas judiciales
Si bien el Código Penal prohíbe la interrupción del embarazo en la Argentina, también es muy claro en su artículo 86, en el cual establece que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre”. Esta información, por decisión de los profesionales y autoridades del Iturraspe, jamás llegó a oídos de los Acevedo, que sólo comenzaron a exigir esa práctica de forma tardía y ya consumidos por la desesperación.
Asimismo, la desidia, la desprolijidad y las fallas en la comunicación interdisciplinaria abundaron a lo largo de la cruenta enfermedad de Ana María, partiendo del Samco de Vera y culminando en aquél nosocomio. A esto debe agregarse los insoportables sufrimientos a los que fue sometida la joven y el extremo estado de vulnerabilidad de su familia, agudizado por la situación que durante un año les hicieron padecer a todos sus miembros. Norma Cuevas y Aroldo Acevedo, junto a sus tres nietos (de entre ocho meses y cuatro años) pasaron días enteros durmiendo en los pasillos del Iturraspe, desconcertados, ajenos a la dinámica de una Santa Fe para ellos hostil, ignorantes sobre tratamientos médicos y artilugios legales, y pauperizados por la imposibilidad de resolver los traslados que se les exigían entre su ciudad de origen y esta capital.
Por todo ello es que a fines de mayo de 2007 el matrimonio decidió iniciar la causa.
La causa penal fue iniciada por los padres de la joven a pocos días de su fallecimiento, en mayo de 2007. Las abogadas Mirtha Manzur, Paula Condrac y Lucila Puyol, de la Multisectoral de Mujeres, se constituyeron como actoras civiles en representación de los demandantes.
En junio de 2008, el juez en lo Correccional Eduardo Pocoví resolvió procesar al director del Hospital Iturraspe Andrés Ellena y a los jefes de los servicios de Oncología y Ginecología del nosocomio, César Blajman y Raúl Musacchio, respectivamente, por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. Con esta última imputación resultaron también procesados el radioterapeuta Jorge Venanzi; la titular del Hospital de Vera Sandra Barbieri y José Manuel García, integrante del Consejo de Administración de ese nosocomio. Desde entonces, el expediente espera ingresar a la etapa de Sentencia.
Pero además, la causa quedó entre medio del viejo y el nuevo sistema procesal penal de la provincia, por lo que el juicio podría ser oral y público pese a que hasta ahora el expediente se ha manejado por escrito. Es a esto que ponen sus reparos los defensores de los imputados. Así lo explicó Condrac: “la Cámara Penal hizo ayer una audiencia oral y pública para debatir la validez de la requisitoria de elevación a juicio, que ataca la defensa de los acusados. Ahora el Tribunal tiene un plazo de 20 días como máximo para expedirse. Entendemos que tiene la oportunidad histórica de poner un límite al ejercicio abusivo del derecho de defensa, que es lo que están haciendo hace siete años”, opinó.
“Los procesamientos se produjeron en 2008, y no logramos que se conviertan en condena porque nunca termina de empezar la etapa de plenario, que no dudamos que terminaría con condenas”, agregó la abogada.
El principio
Ana María Acevedo tenía 19 años y ya era madre de tres hijos cuando concurrió al Samco de Vera por un malestar dental. El 9 de mayo de 2006 comenzó su peregrinar en busca de salud, que culminaría con su muerte. Ese día le extrajeron una muela y la enviaron a su casa, pero el dolor no cesó.
Tras sucesivos ingresos al nosocomio y una sistemática indiferencia ante su padecimiento, en octubre le detectaron una tumoración maxilar que tenía, justamente, cinco meses de evolución. Ante la falta de respuestas en su ciudad de residencia, sus padres la trajeron al Hospital Cullen, donde el 13 de noviembre de 2006 se le practicó la resección del tumor, que resultó ser maligno (rabdomiosarcoma alveolar).
Fue derivada al Iturraspe, ya que era indispensable que posteriormente a la intervención recibiera rayos o quimioterapia. El 14 de diciembre la joven llegó a ese nosocomio con estudios que confirmaban gravidez. Por ello, el jefe del Servicio de Oncología de ese nosocomio le informó que se haría un “ateneo” para discutir su caso.
Pero su suerte ya comenzaba a echarse: si bien el radioterapeuta Jorge Venanzi reconoció que la paciente requería de las prácticas que eran su especialidad, sentenció: “las mismas no se pueden realizar” debido a sus efectos negativos para el feto; “el embarazo es una contraindicación para la realización de radioterapia”. Era el principio del fin para Ana María.
El nudo
El 20 de diciembre de 2006 Ana María fue derivada a Ginecología del Iturraspe con una infección urinaria, y dos días después se retiró, según registros de ese Servicio, “con alta voluntaria y sin esperar al médico”. Sin embargo, su madre, Norma Noemí Cuevas, aseguró que su hija fue instada a firmar un papel y a volver el 10 de marzo de 2007. De esta forma, la joven fue despachada para quedar durante tres meses sin control ni indicaciones sobre su embarazo, y sin definiciones en torno al tratamiento oncológico que debía aplicársele.
El 13 de febrero de 2007 volvió con la cara deformada y un indescriptible dolor. Por falta de aquél tratamiento, el cáncer se estaba expandiendo. Dos días después, el médico del Cullen que le había extirpado el tumor inicialmente, Alejandro Marozzi, indicó que la enfermedad era ya inoperable y volvió a sugerir radioterapia.
A esa altura, Cuevas y su marido Aroldo Acevedo empezaron a pedir la interrupción del embarazo. El Dr. Blajman les respondió “que tenían que esperar porque iban a hacer una reunión con los doctores de la panza y de la cara, más un cura y un juez”. Entremedio, el matrimonio se entrevistó con el director del Iturraspe, Andrés Ellena, quien les indicó que sólo con una orden judicial podría hacerse un aborto, porque de lo contrario era “un crimen” e irían “todos presos”. También fueron a la Defensoría del Pueblo. “Tienen tres meses aún para practicar el aborto”, recibieron por única y cínica respuesta en esa repartición.
El fatal desenlace
El 27 de febrero de 2007 se constituyó el Comité de Bioética del Iturraspe para analizar el caso, aunque con buena parte de los intervinientes en el seguimiento de Ana María ausentes: estaban en gozo de licencia. Las conclusiones no sorprendieron: se instó a realizar tratamiento sólo paliativo del dolor (no rayos ni quimioterapia), y a esperar a la semana 24 de gravidez para inducir el parto. Sobre la posibilidad de un aborto terapéutico, la respuesta (emanada por el Dr. Blajman) fue contundente: “por convicciones, cuestiones religiosas y culturales, en este hospital y en Santa Fe, NO”.
Con este resultado, la joven fue dada de alta al día siguiente. El 13 de marzo de 2007 regresó y el Dr. Venanzi reiteró su negativa a ocuparse de ella (“una vez finalizado el embarazo se evaluará la posibilidad de radioterapia paliativa”). El 17 de abril fue trasladada en ambulancia a esta capital desde Vera. Diez días después se le efectuó una cesárea de urgencia. Con 22 semanas de gestación, dio a luz una nena de 495 gramos, que falleció tras 17 horas de vida, el 27 de abril de 2007.
La joven se encontraba en estado pre-mortem, es decir, “con marcada insuficiencia respiratoria y falla en los órganos”. Tres días después se le inició el tratamiento de quimioterapia, pero ello debió interrumpirse para trasladarla a cuidados intensivos. Allí, Ana María agonizó hasta el 17 de mayo de 2007, cuando, con solamente 20 años, murió.
Las causas judiciales
Si bien el Código Penal prohíbe la interrupción del embarazo en la Argentina, también es muy claro en su artículo 86, en el cual establece que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre”. Esta información, por decisión de los profesionales y autoridades del Iturraspe, jamás llegó a oídos de los Acevedo, que sólo comenzaron a exigir esa práctica de forma tardía y ya consumidos por la desesperación.
Asimismo, la desidia, la desprolijidad y las fallas en la comunicación interdisciplinaria abundaron a lo largo de la cruenta enfermedad de Ana María, partiendo del Samco de Vera y culminando en aquél nosocomio. A esto debe agregarse los insoportables sufrimientos a los que fue sometida la joven y el extremo estado de vulnerabilidad de su familia, agudizado por la situación que durante un año les hicieron padecer a todos sus miembros. Norma Cuevas y Aroldo Acevedo, junto a sus tres nietos (de entre ocho meses y cuatro años) pasaron días enteros durmiendo en los pasillos del Iturraspe, desconcertados, ajenos a la dinámica de una Santa Fe para ellos hostil, ignorantes sobre tratamientos médicos y artilugios legales, y pauperizados por la imposibilidad de resolver los traslados que se les exigían entre su ciudad de origen y esta capital.
Por todo ello es que a fines de mayo de 2007 el matrimonio decidió iniciar la causa.