Un día después de que el juez Rubén Quiñones transmitiera informalmente su renuncia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia decidió hoy una "suspensión extraordinaria" hasta el 3 de julio del juicio por la causa Carbón Blanco, en la que hay cinco imputados por contrabando de tres cargamentos de cocaína por más de mil kilos a Europa.
Cuando se retomen las audiencias el 3 de julio próximo se dilucidará el misterio: si el presidente del tribunal oral Rubén Quiñones sigue al frente del proceso, o es reemplazado por el magistrado federal de Reconquista Aldo Alurralde, el cuarto juez. El martes pasado los fiscales Carlos Amad y Federico Carniel presentaron una denuncia por amenazas. En el auto del primero se encontró un papel que decía que los estaban "vigilando" y "escuchando".
Quiñones transmitió ayer a los defensores de los imputados y a los integrantes del Ministerio Público que se iba a tomar una licencia por problemas de salud. Debía presentar hoy los certificados médicos para fundamentar su alejamiento del proceso judicial. Pero ahora la decisión del magistrado quedó en el aire. Pidió un tiempo para reintegrarse. Este singular episodio, extraño en un juicio de estas características, generó malestar tanto entre los defensores como entre los fiscales.
La inesperada decisión del magistrado suma incertidumbre a un juicio complejo, que tuvo varias idas y venidas y que tiene como principales acusados al abogado porteño Carlos Salvatore y al empresario futbolístico santafecino Patricio Gorosito, supuestos líderes de una organización que protagonizó tres contrabandos de cocaína a Portugal y España por más de mil kilos, pero que -según surge de la causa- habría introducido droga en el mercado europeo desde 2005. Esta banda narco movió montañas de dinero, según se advierte en una causa paralela que tiene a Salvatore y a otros cinco personas procesadas por supuesto lavado de dinero.
La jueza chaqueña Zunilda Niremperger fijó un embargo de 1600 millones de pesos para esos seis imputados, un monto que dimensiona cuánto dinero del narcotráfico pudo haber sido blanqueado en distintos rubros comerciales, como el inmobiliario y el gastronómico.
Desde las organizaciones sociales que defienden los derechos de las personas con discapacidad, denuncian que hay un "plan sistemático" de recortes.