El Tribunal Penal de El Cairo confirmó la pena de muerte para el ex presidente egipcio Mohamed Mursi y casi un centenar de islamistas por urdir su huida de la cárcel durante la revolución de 2011.
El juez Shaaban al Shami emitió su fallo firme en este caso, tras recibir la opinión no vinculante del mufti Shauqi Alam, máxima autoridad religiosa musulmana de Egipto, sobre las penas capitales dictadas hace un mes de forma provisional.
Otros dirigentes de los Hermanos Musulmanes sentenciados a muerte en esta causa son su guía espiritual, Mohamed Badía, y el presidente y el vicepresidente del brazo político de la cofradía, el Partido Libertad y Justicia, Saad Katatni y Esam al Arian, respectivamente.
El pasado 16 de mayo, la Corte remitió los expedientes de las condenas a muerte al mufti, que emite un dictamen que no es de obligado cumplimiento, pero que sí puede influir en la opinión definitiva del juez.
En este caso fueron procesadas 129 personas, gran parte de ellas en rebeldía, por los cargos de fuga de la cárcel e irrupción en prisiones con la ayuda de grupos extranjeros como el palestino Hamás y el libanés Hizbulá, así como por secuestrar a oficiales de Policías y matar a efectivos de seguridad.
El grupo juzgado en rebeldía fue condenado mayoritariamente a morir en la horca, según el fallo del juez, que sentenció a otros de los acusados a cadena perpetua y a penas de cárcel.
Mursi escuchó impertérrito el fallo desde la jaula reservada a los procesados dentro de la sala, establecida en la Academia de la Policía en El Cairo.
La misma corte sentenció a cadena perpetua al expresidente y a otros 16 islamistas, entre ellos Badía, Katatni y Al Arian, por un caso de espionaje y colaboración con organizaciones extranjeras para planear ataques en Egipto.
En esta misma causa, en la que fueron procesadas 36 personas, fueron condenadas a la pena capital tres prominentes dirigentes de los Hermanos Musulmanes: Jairat al Shater, Mohamed al Beltagui, Ahmed Abdelati.
Además, Mursi ya fue condenado en abril pasado a 20 años de cárcel por el uso de la violencia durante unos disturbios ocurridos en las cercanías del Palacio Presidencial de Itihadiya, en El Cairo, en diciembre de 2012.
El ex mandatario, derrocado el 3 de julio de 2013, tiene otros casos abiertos en los que está acusado de insultar a la judicatura y entregar información clasificada a Catar.
Desde el golpe de Estado, las autoridades egipcias han perseguido a los Hermanos Musulmanes, declarados grupos terrorista, y la justicia ha condenado a sus dirigentes y a cientos de sus simpatizantes a penas de muerte y de prisión.
Desde las organizaciones sociales que defienden los derechos de las personas con discapacidad, denuncian que hay un "plan sistemático" de recortes.