La presidenta Cristina Kirchner autorizó un aumento salarial del 27% para las fuerzas de seguridad y cuerpos policiales, a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.
La mejora se hará efectiva en dos tramos: el primero desde el 1 de junio y el segundo desde el 1 de agosto, y alcanza a los sueldos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Con la suba un Comisario General de la Policía Federal pasará a cobrar un sueldo de bolsillo de 16.326,3 pesos, y un agente percibirá 6.340 pesos; en Gendarmería, un Comandante General tendrá un ingreso de 16.326,3 pesos, mientras que un Gendarme II (el menor escalafón) pasará a cobrar un salario neto de 5.223,4 pesos.
Por su parte, el Prefecto General recibirá 16.326,pesos, y el rango más bajo de esa fuerza, el marinero, cobrará 5.451,4 pesos; el sueldo básico de un Comisionado General de la Policía de Seguridad Aeroportuaria será de 15.877,6 pesos, mientras que el menor en el escalafón, Aspirante a Oficial, percibirá 4.042,9 pesos.
En realidad, los ingresos serán mayores esas cifras, ya que involucran a los importes correspondientes a los suplementos particulares "de responsabilidad por cargo", "por función intermedia", "por cumplimiento de tareas específicas de seguridad", "por mayor exigencia del servicio", "por disponibilidad permanente para el cargo" y "por disponibilidad permanente para la función", según el texto oficial.
Además, hay que sumar los importes correspondientes al "complemento por responsabilidad jerárquica" que perciben el Director Nacional y el Subdirector Nacional de la Gendarmería Nacional, el Prefecto Nacional Naval y el Subprefecto Nacional Naval de la Prefectura y el Jefe y el Subjefe de la Policía Federal.
En el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el ajuste corresponde también al suplemento "por exigencia del servicio de seguridad aeroportuaria".
El Gobierno aclaró que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto, "será atendido con los créditos correspondientes a las jurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional".
También facultó al Jefe de Gabinete de Ministros a "efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias destinadas a financiar el gasto que demande la aplicación del presente Decreto, a cuyo efecto el Ministerio de Seguridad realizará las estimaciones pertinentes e impulsará, a través del Ministerio de Economía, su instrumentación".
Además de la firma de la Jefa de Estado, el decreto fue rubricado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y la ministra de Seguridad, María Rodríguez.
Desde las organizaciones sociales que defienden los derechos de las personas con discapacidad, denuncian que hay un "plan sistemático" de recortes.