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 El nombre de Carlos Fayt fue otra vez objeto de diferencias en el Congreso de la Nación. La maniobra que gestó el kirchnerismo semanas atrás para poner en duda las aptitudes del juez, de 97 años, para ejercer su cargo volvió a ser blanco de reproches de la oposición. Y luego despertó una enérgica defensa del presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez.

El tema afloró en la sesión extraordinaria convocada para abordar, entre otros temas, las leyes para implementar la reforma del Código Procesal Penal. Quien puso el tema a consideración fue el jefe de la bancada radical, Mario Negri. Al pedir una cuestión de privilegio, señaló que la titular de la comisión de Juicio Político, la camporista Anabel Fernández Sagasti, "impidió que la minoría pudiese expresar por escrito las impugnaciones y observaciones del caso".

Negri cuestionó que el impulso del oficialismo a la investigación contra Fayt, aprobada en esa comisión, se apoye en un artículo de la Constitución –el 99, que establece la edad de 75 años para la jubilación de los jueces– que la Corte Suprema declaró "inconstitucional".

A su turno, la diputada del PRO Laura Alonso realizó otra presentación contra Fernández Sagasti por considerar que "se ha violado el reglamento interno" de la comisión. Además calificó de "irregular y absolutamente nulo" el proceso aprobado en ese ámbito.

Aunque algunos opositores anticiparon que planeaban recurrir a la Justicia para frenar lo que consideraban un nuevo embate contra el magistrado y el cuerpo que integra, fue una ONG la que presentó una denuncia y consiguió que se le diera curso. Tras el dictamen del fiscal Carlos Stornelli, el juez Julián Ercolini hizo lugar días atrás a una presentación de Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional contra los diputados que aprobaron el "proceso investigativo" en la comisión.


La decisión de ese juez fue rechazada por Domínguez, quien cedió la dirección de la sesión para bajar a su banca y ofrecer un fuerte discurso contra Ercolini. En ese sentido, denunció una "inadmisible intromisión" del Poder Judicial en las atribuciones que la Constitución Nacional le confiere al Poder Legislativo. "¿Qué juez se va a animar a citar a prestar declaración a su propio jefe?", se preguntó.

Domínguez, quien aspira a ser el candidato a gobernador bonaerense del FpV, se pronunció así sobre el oficio que giró Ercolini en el que solicita que la comisión remita copias certificadas de los antecedentes referidos a la investigación. "Tal requerimiento quiebra el principio de la división de poderes. Las potestades que la Constitución Nacional confiere al Poder Legislativo no están sujetas a control alguno, pues lo contrario implicaría que los jueces se sustituyen en el criterio de los señores legisladores", dijo.

"Quiero denunciar una práctica cada vez más repetida que no tiene otro fin que el de condicionar a los representantes del pueblo de la Nación. Esta intromisión es más criticable cuando forma parte de una ofensiva como es la judicialización de la política", señaló, y aseguró que "no es un obrar aislado sino que profundiza el proceso de conversión del Poder Judicial de la Nación en legislador de última instancia".