La localidad santafesina fue seleccionada como finalista junto a otras siete de la Argentina.
Viernes 10 de Abril de 2015 - 16:06 hs
Comenzó en el Tribunal Oral Federal el juicio por la Megacausa
Desde la mañana de hoy se desarrolla el juicio oral y público por medio centenar de víctimas del terrorismo de Estado. Uno de los casos es la supresión de identidad de un bebé.
A las 9:30 comenzó en el Tribunal Oral Federal el juicio por delitos de lesa humanidad conocido como “Causa acumulada” o “Megacausa”. Es el 16º juicio por crímenes de la dictadura tramitado en la provincia y el primer juicio en la ciudad capital donde se juzgará la apropiación y supresión de identidad de una menor de edad. Por ese hecho, Abuelas de Plaza de Mayo actuará como querellante.
En este proceso son juzgados el exjuez de Menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti; los tenientes coroneles retirados Domingo Morales y Jorge Roberto Diab; el coronel retirado Carlos Enrique Pavón; y el comisario retirado Juan Calixto Perizzotti. El Tribunal estará integrado por el juez Ricardo Vázquez y los conjueces Omar Digerónimo, Beatriz Caballero de Barabani y Otmar Paulucci. La acusación estará a cargo del fiscal Martín Suárez Faisal. Las víctimas son 52. En su mayoría fueron asesinadas y desaparecidas. Los testigos suman 185 y se calcula que la causa durará un año.
Sobre la causa
La causa está caratulada Diab, Jorge R. y otros. S / asociación ilícita, homicidio simple, imposición de tormentos, allanamiento ilegal, sustracción de menores y supresión de estado civil de un menor (expediente 294/2012).
Diab, Morales, Pavón y Perizzotti serán juzgados por los delitos de homicidio, allanamiento ilegal, y torturas, en tanto Vera Candioti por supresión de identidad en el caso de María Carolina Guallane. Perizzotti y Diab serán patrocinados por defensores oficiales. En tanto, Carlos Pavón será representado por los abogados Héctor Tallarico y José María Pavón Navarro; Domingo Morales por Guillermo Morales; y Vera Candioti por Néstor Oroño.
En cuanto a las querellas, Alejandra Romero Niklison estará en representación de los hermanos Hernán y Ramón Ziccardi; Zulema Rivera en el caso de Guallane; Matilde Gatti por Abuelas de Plaza de Mayo; y Guillermo Munné y Lucila Puyol por seis familiares de víctimas y la Agrupación Hijos. Entre los delitos que se intentarán probar figura la supresión de identidad de Paula Cortassa, hija de desaparecidos, quien durante años se llamó María Carolina Guallane por haber sido dada en adopción a una familia de la ciudad de Venado Tuerto cuando tenía un año y medio, en abril de 1977.
Protección de testigos
Con este, ya son 16 los juicios por delitos de lesa humanidad tramitados en la provincia desde que en 2009 comenzaron los primeros procesos por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. El gobierno provincial invita a la ciudadanía a participar asistiendo a las audiencias o siguiéndolas a través del sitio web de la Corte Suprema de la Nación.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos colabora con la Justicia Federal en varios aspectos como el acompañamiento, asistencia y protección a testigos, querellantes y sus patrocinantes, que brinda a través de su programa provincial, o el aporte de pruebas a través del área de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de causas de lesa humanidad de la Secretaría de Derechos Humanos.
En este sentido, con la implementación del Programa de Protección de Testigos y Querellantes el Estado ha asumido el compromiso de proteger a sus ciudadanos, y particularmente a aquellos que son testigos, querellantes y patrocinantes, cuyos aportes revisten fundamental importancia para el avance de las causas por violaciones a los derechos humanos.
En este proceso son juzgados el exjuez de Menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti; los tenientes coroneles retirados Domingo Morales y Jorge Roberto Diab; el coronel retirado Carlos Enrique Pavón; y el comisario retirado Juan Calixto Perizzotti. El Tribunal estará integrado por el juez Ricardo Vázquez y los conjueces Omar Digerónimo, Beatriz Caballero de Barabani y Otmar Paulucci. La acusación estará a cargo del fiscal Martín Suárez Faisal. Las víctimas son 52. En su mayoría fueron asesinadas y desaparecidas. Los testigos suman 185 y se calcula que la causa durará un año.
Sobre la causa
La causa está caratulada Diab, Jorge R. y otros. S / asociación ilícita, homicidio simple, imposición de tormentos, allanamiento ilegal, sustracción de menores y supresión de estado civil de un menor (expediente 294/2012).
Diab, Morales, Pavón y Perizzotti serán juzgados por los delitos de homicidio, allanamiento ilegal, y torturas, en tanto Vera Candioti por supresión de identidad en el caso de María Carolina Guallane. Perizzotti y Diab serán patrocinados por defensores oficiales. En tanto, Carlos Pavón será representado por los abogados Héctor Tallarico y José María Pavón Navarro; Domingo Morales por Guillermo Morales; y Vera Candioti por Néstor Oroño.
En cuanto a las querellas, Alejandra Romero Niklison estará en representación de los hermanos Hernán y Ramón Ziccardi; Zulema Rivera en el caso de Guallane; Matilde Gatti por Abuelas de Plaza de Mayo; y Guillermo Munné y Lucila Puyol por seis familiares de víctimas y la Agrupación Hijos. Entre los delitos que se intentarán probar figura la supresión de identidad de Paula Cortassa, hija de desaparecidos, quien durante años se llamó María Carolina Guallane por haber sido dada en adopción a una familia de la ciudad de Venado Tuerto cuando tenía un año y medio, en abril de 1977.
Protección de testigos
Con este, ya son 16 los juicios por delitos de lesa humanidad tramitados en la provincia desde que en 2009 comenzaron los primeros procesos por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. El gobierno provincial invita a la ciudadanía a participar asistiendo a las audiencias o siguiéndolas a través del sitio web de la Corte Suprema de la Nación.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos colabora con la Justicia Federal en varios aspectos como el acompañamiento, asistencia y protección a testigos, querellantes y sus patrocinantes, que brinda a través de su programa provincial, o el aporte de pruebas a través del área de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de causas de lesa humanidad de la Secretaría de Derechos Humanos.
En este sentido, con la implementación del Programa de Protección de Testigos y Querellantes el Estado ha asumido el compromiso de proteger a sus ciudadanos, y particularmente a aquellos que son testigos, querellantes y patrocinantes, cuyos aportes revisten fundamental importancia para el avance de las causas por violaciones a los derechos humanos.
Fuente: Diario Uno
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