En menos de 24 horas, el gobierno nacional cumplió con el pedido de la Corte Suprema de Justicia para desclasificar los archivos de inteligencia del atentado a la embajada de Israel.
La medida fue oficializada este jueves a través del decreto 529/2015 que fue publicado en el Boletín Oficial con la firma de Cristina Kirchner. El texto tiene fecha de ayer, el mismo día en que el máximo tribunal elevó su solicitud.
La resolución establece la "desclasificación de la totalidad de la documentación de los archivos de inteligencia relacionados con el mencionado atentado" y el envío de "aquellos documentos donde se encuentre información relacionada" al ataque terrorista.
La medida ya había sido anticipada por la propia Presidente a los sobrevivientes y familiares de la voladura de la embajada de Israel en un encuentro que mantuvieron el 17 de marzo pasado, según contó ella misma en su cuenta de Twitter dos días más tarde.
Más de 23 años después del atentado que dejó 22 muertos, la causa volvió a la agenda pública a raíz de las críticas que la jefa de Estado dirigió a la Corte Suprema en su discurso ante la Asamblea Legislativa por la falta de avances en la investigación.
Unos días después, en su discurso de comienzo del año judicial, el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, respondió a las críticas y aseguró que el ataque era "cosa juzgada". Al día siguiente, la Corte emitió un comunicado para aclarar que en realidad la investigación todavía continúa "abierta".
En la causa "Sumario Instruido en la Comisaría 15ª con motivo del atentado a la Embajada de Israel", la Corte considera que se lleva probado hasta el momento que el hecho perpetrado en Arroyo 916 fue causado por la explosión de una carga de pentrita y trinitrotolueno.
La carga había sido acondicionada en la parte posterior derecha del interior de una camioneta Ford F 100.
En una resolución de 1999, el Tribunal atribuyó la responsabilidad al grupo terrorista denominado yihad Islámica, brazo armado del Hezbollah.
Para ello tuvo en cuenta distintos cables de la embajada argentina en el Líbano de febrero de 1992, referidos a las repercusiones de la muerte violenta de Abbas Musawi, secretario del Hezbollah, su esposa y un hijo de ambos.
Asimismo se valoró que la propia agrupación se había atribuido la responsabilidad en el hecho al día siguiente de ocurrido mediante la publicación de una solicitada en el diario An Nahar de Beirut, El Líbano.
La localidad santafesina fue seleccionada como finalista junto a otras siete de la Argentina.