La Argentina deberá pagarle 405 millones de dólares al grupo francés Suez y la empresa española Aguas de Barcelona (Agbar), ex concesionarias de Aguas Argentinas y Aguas Provinciales de Santa Fe, por la ruptura del contrato de concesión para la provisión de agua potable y cloacas, resolvió hoy el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La compañía gala, que fue reemplazada por la estatal Aysa desde el 2006, reclamaba inicialmente 1.200 millones de dólares.
El Ciadi es el tribunal encargado de resolver controversias internacionales en materia de inversiones dependiente del Banco Mundial, y volvió a fallar contra la Argentina en otro juicio vinculado con la marcha atrás en las privatizaciones concretadas en los ´90, dispuestas por la administración kirchnerista.
La francesa Suez acudió a ese tribunal por la ruptura del contrato de concesión para la provisión de agua potable y cloacas a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense a través de Aguas Argentinas.
Según Suez, el fallo del Ciadi dice que la Argentina deberá pagarle ahora una suma millonaria en dólares dólares, que se suma a otros juicios millonarios perdidos por el Estado argentino a nivel internacional por la marcha atrás en las privatizaciones.
En 1993 Aguas Argentinas (del grupo Suez) había ganado el concurso de privatización de la entonces Obras Sanitarias para brindar los servicios de gestión de agua potable en la ciudad de Buenos Aires.
Tras el congelamiento de tarifas que siguió a la salida de la convertibilidad en 2002, el contrato fue interrumpido en 2006 por decisión del gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, y a las pocas semanas arrancó la demanda ante el Ciadi.
En el 2013, la Argentina llegó a un acuerdo por varias sentencias contrarias: Blue Ridge, Continental Casualty, Vivendi con Aguas del Aconquija, Azurix y NG-UN, que aceptaron bonos como parte de pago, quitas de capital e intereses.
Por ese acuerdo, la Argentina se comprometió a pagar u$s 600 millones con bonos y logró una quita sobre el capital y los intereses originales, mientras que las compañías deberían reinvertir parte de lo que cobrarían en bonos Baade emitidos cuando se lanzó el blanqueo de capitales.
No fueron los únicos casos, ya que también logró cerrar el juicio que le había iniciado Repsol por la estatización de YPF, al pagarle a la compañía española 5.000 millones de dólares en títulos Bonar 24.
Apenas recibió los bonos, el grupo ibérico vendió los títulos en el mercado para quedarse con el efectivo.
La localidad santafesina fue seleccionada como finalista junto a otras siete de la Argentina.