Leonel Gómez Barbella era fiscal federal subrogante de Morón hasta que decidió concursar para ser fiscal titular de Comodoro Py. Sin embargo, los resultados de los exámenes oral y escrito y el análisis de sus antecedentes lo dejaron en el undécimo puesto. Pese a esto, la jefa kirchnerista de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, designó en diciembre pasado a Gómez Barbella -integrante de la agrupación "Justicia Legítima"- a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal. A partir de ese momento, en manos de Gómez Barbella quedaron causas sensibles, como Papel Prensa.
Junto con Gómez Barbella, Gils Carbó también promovió a Juan Pedro Zoni, otro fiscal que no había quedado en una posición expectante al concursar. Zoni, otro miembro de "Justicia Legitima", terminó noveno. Pese a ello, Gils Carbó le otorgó la Fiscalía Federal 8, que había estado a cargo de Gerardo Di Masi.
Esta mañana, Gómez Barbella tomó las primeras decisiones en la citada investigación de Papel Prensa y solicitó que sean llamados a declaración indagatoria los accionistas de Clarín y La Nación. En el escrito dado a conocer hoy, pide que sean llamados Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Raymundo Juan Pío Podestá, Laura Ernestina Herrera y Guillermo Juan Gainza Paz.
Según el fiscal, su pedido se basa en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. La imputación es por "haber obligado mediante intimidación al grupo Graiver y sus allegados a suscribir tres convenios cuyos objetos fueron la transferencia del capital social de la empresa Papel Prensa S.A. a favor de la Sociedad Anónima La Nación, Arte Gráfico Argentino (AGEA) y La Razón Editorial Emisora Financiera, Industrial, Comercial y Agropecuaria".
"Les imputo a los nombrados que la suscripción se concretó el día 2 de noviembre de 1976 en la sede del diario La Nación, ubicada en la calle Florida entre Av. Corrientes y Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y todo ello en un marco de persecución política contra las víctimas y sus negocios, ordenada por la primera junta durante la última dictadura militar", agregó.
Reacción de Clarín y La Nación
Una vez conocida la decisión de Gómez Barbella, los abogados de los accionistas de Clarín y La Nación dieron a conocer un comunicado en el que aseguran que el Gobierno en los últimos días "preparó el terreno" para el pedido de indagatoria a través "del aparato de comunicación oficial".
Consideraron que Gómez Barbella es un fiscal "afín al oficiliasmo" y que "hasta hace pocas semanas, no había tomado jamás contacto con esta causa". Asimismo, indicaron que el expediente "acumulado en estos años reafirma la absoluta falsedad y orfandad probatoria de la denuncia, propiciada en 2010 por el gobierno nacional con el único fin de ir contra la prensa que no controla".
Advirtieron además que "la designación por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el último día hábil de 2014, del fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella (integrante de la agrupación Justicia Legítima, puesto 11° en el concurso respectivo y nombrado fiscal de General Pico, La Pampa), viola la resolución 13/98 de la Procuraduría, que justamente impide que los fiscales subroguen cargos de una jurisdicción diferente a la que ocupan".
El escrito, firmado por Hugo Wortman Jofré, Alejandro Pérez Chada y Gabriel Cavallo, señaló que "no existe ninguna evidencia para que la venta de las acciones de Papel Prensa pueda ser considerada un delito, y menos aún, un delito de lesa humanidad", ya que, sostuvieron, "se trató de una operación comercial, lisa y llana, ajena al conocimiento de los tribunales penales".
La nutricionista y docente de la UNL, Mariel Wicky, defendió la continuidad de la normativa frente a los proyectos que buscan su eliminación en el Senado.