Germán Ranieri fue condenado a prisión perpetua en 2004 por asesinar a un policía de la Federal y herir a otros dos efectivos. El hecho se había registrado cuatro años antes. Junto a un cómplice habían asaltado una confitería en Palermo y se tirotearon con los efectivos que los perseguían.
A quince años del crimen, el nombre de Ranieri se centró nuevamente en las miradas de la opinión pública. A través de su abogado, el defensor oficial Sebastián Tedeschi, el presidiario pidió una indemnización especial de $60 mil porque se consideró despedido.
De acuerdo al escrito presentado ante la Justicia laboral, el detenido fue trasladado desde el penal de Devoto al de Ezeiza. Las autoridades penitenciarias le asignaron nuevas tareas con un horario distinto al que venía cumpliendo. Ahora deberá levantarse a las 4 para trabajar en la panadería de la cárcel.
Tedeschi se aferró a la Ley de Contrato de Trabajo para plantear que existe un cambio en las condiciones laborales de su defendido -ius variandi- y solicitó que se le abone una indemnización por despido.
El procurador general Francisco Mugnolo explicó que estos casos surgen como consecuencia de un fallo de la Cámara Penal que aboga por la creación de un reglamento específico de trabajo para la cárcel. Mientras no avanza la redacción de la nueva normativa, la Justicia ordenó que se aplique subsidiariamente la legislación laboral ordinaria.
"Algunos presos empezaron a pedir que se apliquen los derechos genéricos que rigen para todos los trabajadores en actividad, como la retroactividad, diferencias salariales, vacaciones no gozadas, indemnizaciones, etcétera", explicó Mugnolo en declaraciones al canal TN.
El funcionario admitió que el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo es de cumplimiento muy difícil en las cárceles y da lugar a situaciones complejas y difíciles de implementar. Es por ello que reiteró la necesidad de que las autoridades pertinentes o incluso el Congreso de la Nación sancione un nuevo marco normativo.
La sentencia a la que alude Mugnolo fue firmada por Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David. Allí se hizo lugar a un hábeas corpus mediante el cual un grupo de presos había pedido la equiparación de sus derechos laborales a los de las personas que están en libertad. La decisión motivó una catarata de críticas desde distintos actores sociales, que no sólo rechazaron el beneficio que se les reconoció, sino que además apuntaron el contexto en el que se realiza, marcado -por ejemplo- por la disputa salarial y los reclamos gremiales.
A partir de aquel fallo se sucedieron una avalancha de reclamos salariales. Presos famosos como Leonardo Fariña y José Pedraza se anotaron para cobrar un sueldo del Estado en prisión y gozar de los derechos que contempla la ley nacional.
La nutricionista y docente de la UNL, Mariel Wicky, defendió la continuidad de la normativa frente a los proyectos que buscan su eliminación en el Senado.