El kirchnerismo cosecha malas noticias en los tribunales. La Cámara Federal rechazó hoy un "recurso de Casación" del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno , y de otros funcionarios de esa área para evitar el juicio oral y público por presunto "abuso de autoridad" contra una consultora por la difusión de un índice de inflación.
La Sala II del tribunal, con las firmas de los jueces Eduardo Farah, Horacio Cattani y Martín Irurzun, desestimó por "improcedente" un recurso presentado por el abogado Alejandro Rúa, defensor de Moreno y también de sus colaboradores Fernando Carro, director de Comercio Interior, y Adalberto Rotella, director de Lealtad Comercial.
"No se ha impugnado una sentencia definitiva ni una decisión equiparable a tal por sus efectos, pues ni la denegatoria de un recurso de queja ni la consecuencia de seguir sometido a proceso criminal satisfacen ese requisito", dijeron los camaristas.
El rechazo al recurso de Casación despeja el camino para que, tal como lo ordenara la propia Cámara a fines del año pasado, la jueza del caso, María Servini de Cubría, acelere los tiempos hacia el juicio oral y público.
La misma Sala del tribunal que desestimó hoy el pedido de Moreno para evitar el juicio oral, había decidido ayer seguir adelante con una investigación contra el presidente de Aerolíneas Argentinas y precandidato jefe de gobierno porteño del kirchnerismo, Mariano Recalde , por presuntas irregularidades en contrataciones de la aerolínea de bandera argentina.
EL CASO
Moreno fue procesado por resoluciones sancionatorias contra consultoras privadas que adoptó en 2011, concretamente multas de 500 mil pesos contra las consultoras que elaboraban un índice de precios al consumidor diferente del oficial que emite el Indec.
Las sanciones fueron dejadas sin efecto por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, pero el ex viceministro de Economía durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde , el economista Jorge Todesca, querelló penalmente a los funcionarios.
El fallo de la Cámara Federal pone a Moreno, Rotella y Carro a un paso del juicio oral y público, en el que podrían ser condenados a penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La nutricionista y docente de la UNL, Mariel Wicky, defendió la continuidad de la normativa frente a los proyectos que buscan su eliminación en el Senado.