De esta forma, el ex funcionario quedó a un paso del juicio oral. y público por su presunta inacción para evitar la entrada de materias primas utilizadas para la elaboración de drogas.
Fue la jueza federal María Servini de Cubría la que a mediados del año pasado procesó a Granero, quien estuvo al frente de la secretaría entre 2004 y 2011. La jueza lo investiga junto a otros ex funcionarios a raíz del desvío de unas 40 toneladas de efedrina que ingresaron a la Argentina entre 2004 y 2008.
Granero fue considerado por la jueza Servini de Cubría como “partícipe necesario del delito" de haber introducido al país materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes, habiendo efectuado una presentación correcta ante la aduana y alterando posteriormente su destino de uso, que tiene una pena de cuatro a 15 años de prisión. La decisión de la jueza fue ratificada el año pasado por la Sala I de la Cámara Federal porteña. La defensa recurrió ese fallo de segunda instancia, lo que ahora es rechazado por la Casación.
Los jueces Mariano Borinsky, Eduardo Riggi y Liliana Catucci, de la Sala III, rechazaron una queja de Granero y dejaron firme su procesamiento.
Servini de Cubría concluyó en su investigación, que incluye a otros ex funcionarios y empresarios farmacéuticos, que hubo "fallas notorias en el marco de los procedimientos de control" instaurados por la Sedronar sobre los denominados precursores químicos, como ser los certificados de importación a nuestro país.
"Por intermedio del Departamento de Narcotráfico de la Aduana Argentina, se estableció que entre los años 1999 y 2010 se importaron al país 55.945,50 kilogramos de efedrina. De ese total, aproximadamente 40.000 kilogramos fueron importados tan solo en dos años", según determinó la investigación.
La causa se abrió por los testimonios de un proceso previo que se seguía en el Juzgado Federal N° 8 por orden de la Cámara Federal, y en el que se dispuso el procesamiento de un imputado por haber introducido al país 1.900 kilogramos de efedrina, que no tuvieron el destino final que se consignara ante las autoridades de control. Fue el puntapié a partir del cual se encontraron fallas en los controles de ingreso de la efedrina, y que se sospecha se le daba otro destino al indicado.
"En el peor de los casos, desconocimiento legislativo o estadístico de necesidades legítimas mediante, falta de presupuesto, entorpecimiento de sus funciones por parte de otros ministerios o la argumentación que fuere, ¿no deberían haber respetado los parámetros de consumo de efedrina que se registraban desde hace años? Mantener los límites de importación de antaño, ni más, ni menos. Posiblemente así, en otro contexto debería analizarse sus argumentaciones sobre el desconocimiento de las necesidades sanitarias y el entorpecimiento de sus funciones; pero en el marco actual de cosas, resultan actores principales de lo que ocurrió en el país con los desvíos de efedrina hacia el narcotráfico", subrayó Servini de Cubría.
La jueza dijo que "de allí a que se inscriba un monotributista como importador, o que un monotributista de la categoría más baja del sistema tributario realice importaciones por miles y miles de dólares; o que se autorice a comerciar con precursores químicos de la Lista I a una persona registrada ante la AFIP como kiosquero o comerciante de similar categoría tributaria; que no se investiguen los motivos de los desmedidos incrementos de importaciones (ya del 2003 al 2004 rondó el 100%); o que se siga el mismo procedimiento para autorizar importaciones de 100 gramos, 100 kilos o 1000 kilos sin discriminar razones ni requerir justificativos, tampoco es entendible”.
“Que no se realice un simple llamado telefónico a las empresas que se denuncian como destinatarias de las importaciones de miles de kilos de efedrina para verificar si ello es cierto; que no se advierta los bajísimos consumos de efedrina de miles y miles de farmacias en contraposición de las desmedidas compras de una veintena; son todas situaciones que no hablan ya de una carencia de recursos, sino más bien de la ausencia misma de control", agregó.
Según arrojó la investigación de la jueza, incluso entre 2006 y 2008 hubo comunicaciones de empresarios vinculados con el narcotráfico con la Casa Rosada, y se intenta determinar los destinatarios concretos. Esas comunicaciones tuvieron lugar antes y después de cada momento en que se autorizó el ingreso de efedrina.
La nutricionista y docente de la UNL, Mariel Wicky, defendió la continuidad de la normativa frente a los proyectos que buscan su eliminación en el Senado.