Ése fue uno de los temas que informalmente se analizaron en las jornadas de conmemoración del centenario de la emblemática botella de vidrio de 237 ml de Coca Cola, que comenzó a producirse en Atlanta, Georgia (EEUU) en la que participan directores de comunicación de la empresa y periodistas de 37 países, entre los que se invitó a Infobae.
"Nos vamos a ajustar estrictamente a lo que imponga la legislación. En este caso, nosotros como empresa americana nos vemos totalmente condicionados por la legislación de nuestro país, que determinan que los acuerdos firmados entre presidentes deben ser luego refrendados por el Congreso", explicó un ejecutivo de la marca en diálogo con periodistas.
Si bien para un sistema demócrata como el de los EEUU se trata de un hecho normal, lo cierto es que hoy la relación de fuerzas entre el Partido Demócrata gobernante y la oposición Republicana, que domina ambas cámaras, no pasa por su mejor momento y por tanto, la efectiva apertura a la inversión extranjera directa no sería tan inmediata.
Hoy en Cuba se consume Coca Cola, pero no arriba directamente desde los EEUU, ni de empresas embotelladoras, sino de proveedores mayoristas y cadenas comerciales de otras naciones que comercian con la isla.
"Si se levantan las sanciones, abriremos nuevos mercados, como el de Cuba, donde tuvimos una relación especial, ya que junto con Panamá y Canadá son los primeros países fuera de los EEUU donde hubo plantas embotelladoras de Coca Cola desde 1906, y sólo por la confiscación y posterior cierre a comienzos de los 60, no se pudieron celebrar los primeros 100 años de producción de una bebida que solía beber el presidente Fidel Castro", destacó una alta fuente de la compañía con muchos años de gestión.
La legislación estadounidense establece la prohibición de tener cualquier tipo de negocio con Cuba, con la única excepción de la venta de productos de agricultura y medicina, por sensibilidad humanitaria. De ahí que esos temas son los que parecen tener prioridad en la agenda para que quedan ser elaborados directamente en la isla con licencia extranjera.
La nutricionista y docente de la UNL, Mariel Wicky, defendió la continuidad de la normativa frente a los proyectos que buscan su eliminación en el Senado.