En un trabajo de campo realizado por el Instituto Nacional del Cáncer se consignó que, cuando se comenzó con este proyecto, la cantidad de PAPs que se realizaban en las unidades penitenciarias era insignificante.
Entonces, se vio la importancia de sensibilizar a las autoridades y al personal de las Unidades para lograr hacer efectivas las acciones destinadas a las mujeres.
Por lo tanto, se inició un proceso de reconocimiento de los derechos de las mujeres –más allá del delito que hubiesen cometido–: a estar sanas, a prevenir la enfermedad, y a curarse si enferman.
El trabajo en las Unidades Penitenciarias se desarrolla en dos líneas de acción: 1) Construir la red de atención de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad, es decir definir qué servicios realizarán la toma de Papanicolaou, la lectura de las muestras, el seguimiento y el tratamiento de las mujeres que lo requieran; y 2) Sensibilizar e informar a las mujeres privadas de la libertad sobre la prevención del cáncer de cuello uterino, y a las autoridades de las Unidades, personal penitenciario y de salud, sobre los derechos de atención de las mujeres.
Para el armado de la red de atención de las mujeres se prioriza que los servicios estén fuera de la Unidad, y que además de garantizar una lectura de calidad de los PAPs, presten una atención ginecológica que respete la intimidad, la confidencialidad, la autonomía, y el derecho de las mujeres a recibir información sobre su salud de manera clara y oportuna.
Hasta el momento el PNPCC ha firmado convenio con 14 Unidades Penitenciarias pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal y Cárceles Provinciales, lo que permitió la realización de más de 2000 PAPs. Además se desarrollaron 58 talleres en los que fueron capacitados 2000 miembros del Servicio Penitenciario y sensibilizadas más de 600 mujeres.
La nutricionista y docente de la UNL, Mariel Wicky, defendió la continuidad de la normativa frente a los proyectos que buscan su eliminación en el Senado.