En los últimos días, dos hechos perpetrados por el gobierno de Nicolás Maduro conmocionaron a Venezuela: el arresto del alcalde opositor Antonio Ledezma en manos de agentes de inteligencia y el asesinato de un niño de 14 años en una protesta en Táchira.
Luego de que desde el régimen chavista denunciaran un "intento de golpe", los diputados kirchneristas que integran la comisión del Mercosur transmitieron su "solidaridad y apoyo al pueblo y Gobierno de la república Bolivariana de Venezuela".
En el documento, que lleva las firmas de Julia Perié, vicepresidenta de la Comisión del Mercosur, y otros 17 legisladores del Frente para la Victoria, se argumentó que el gobierno de Maduro presentó "evidencias sobre actividades injerencistas internacionales de Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, por las cuales fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión acordada por la instancia judicial a solicitud del Ministerio Público de ese país, democráticamente constituido".
Asimismo, los legisladores oficialistas extendieron su repudio a "todo tipo de hechos desestabilizantes, que solo conllevan a sembrar el odio y desconcierto en la población en violación a la soberanía de los países cuyos gobiernos fueron democráticamente elegidos".
"Por ello, nos cabe sólo tener una mirada prudente y diplomática y esperar que la Fiscalía y los Tribunales de Venezuela actúen en defensa de la paz y la Constitución, como lo manifestara su
presidente", resaltaron en la conclusión del documento.
La reacción de la oposición
Los diputados de los bloques opositores que también participaron de la Comisión del Mercosur se manifestaron sobre lo sucedido en Venezuela pero se diferenciaron del oficialismo. Los presentes acordaron la redacción de un documento para exigir que "se activen todos los procedimientos institucionales que establecen los propios protocolos frente a los casos de violación de derechos humanos y cláusulas democráticas" por parte del gobierno de ese país.
El presidente de la bancada radical, Mario Negri, anticipó que en la próxima sesión del Parlasur realizará una presentación para exigir el cumplimiento de una resolución de febrero del año pasado y disponga así "la urgente presencia del Observatorio de la Democracia en Venezuela" frente a los violentos acontecimientos sucedidos en Caracas.
Por su parte, la macrista Patricia Bullrich anunció que en la sesión de mañana va a "pedir de manera muy contundente que se ponga en funcionamiento lo que corresponda ante los organismos internacionales" para "los casos de violación de los derechos humanos y las cláusulas democráticas".
Asimismo, Bullrich afirmó que el canciller Héctor Timerman y la presidenta Cristina Fernández "tienen la obligación de llevar adelante los mecanismos para los casos de violación de los derechos humanos" denunciados por la oposición venezolana.
El rabino Sergio Bergman, también del PRO, denunció que "Maduro tiene la complicidad del gobierno argentino" y aseguró que el oficialismo "en lugar de ser coherente con su discurso está impidiendo
la aplicación de los derechos humanos".
Alberto Asseff, un aliado del Frente Renovador en la Cámara baja, confirmó que envió "cartas a gobiernos de Europa pidiendo su intervención" en el conflicto que afecta a Venezuela.
La reunión también contó con la presencia de Luis Maldonado, representante de la organización "Una voz por Venezuela", quien denunció que con la detención del alcalde Ledezma la cifra de "presos políticos" en ese país se elevó a 98.
Asimismo, el dirigente pidió "la intervención inmediata" de la Argentina "como miembro del Mercosur y en base al Protocolo de Montevideo" y solicitó el envío de una comisión del Parlasur a Caracas.
La nutricionista y docente de la UNL, Mariel Wicky, defendió la continuidad de la normativa frente a los proyectos que buscan su eliminación en el Senado.