José Ignacio Rucci fue acribillado a balazos el 25 de septiembre de 1973. Apenas dos días antes, Juan Domingo Perón había sido elegido presidente por tercera vez con casi el 62% de los votos. Rucci era secretario general de la CGT y una pieza clave en el armado político de Perón.
La cúpula de Montoneros –enfrentada por entonces con Perón– nunca reconoció públicamente la autoría del crimen, pero la Justicia concluyó que Rucci fue asesinado por esa agrupación. Así lo determinó el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa. Sin embargo, en agosto de 2012 la archivó al considerar que no se trató de un delito de lesa humanidad.
La Justicia no considera crímenes de lesa humanidad a los ataques perpetrados por integrantes de organizaciones guerrilleras. Sin embargo, la familia de Rucci cree que para matar al sindicalista se utilizaron recursos del Estado.
En abril de 2013, la Cámara Federal porteña consideró "prematura" la decisión de Lijo y ordenó la reapertura de la causa. Para este decisión fue determinante la publicación del libro "Operación Traviata", de Ceferino Reato, que aportó nuevos datos sobre lo ocurrido.
Miguel Ángel Plo, abogado patrocinante de los hermanos Claudia y Aníbal Rucci, los hijos del gremialista, viene solicitando desde hace un buen tiempo que sea citado a declarar el periodista Miguel Bonasso, quien dirigió el diario Noticias –financiado por Montoneros– y además integró esa organización. Ahora, Lijo dispuso nuevas medidas en la investigación, y como parte de estas, citó a Bonasso en calidad de testigo para el próximo 5 de marzo.
No es la primera vez que Bonasso es llamado a declarar en la causa. El periodista recibió dos citaciones anteriores, pero no concurrió, alegando que las preguntas que el magistrado le iba a realizar tenían "un claro defecto legal".
La nutricionista y docente de la UNL, Mariel Wicky, defendió la continuidad de la normativa frente a los proyectos que buscan su eliminación en el Senado.