El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, uno de los organizadores de la Marcha del 18F, denunció a Angelina Abbona, procuradora del Tesoro, porque presentó un escrito de defensa de la Presidente de la Nación, vinculado a la denuncia que había hecho el fiscal fallecido Alberto Nisman.
La Procuración del Tesoro presentó un escrito para defender lo actuado por Cristina Kirchner respecto del Caso AMIA. "Ninguna actuación de las autoridades del gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol", dice el texto que firmó Abbona junto a Horacio Pedro Diez y Javier Pergament.
La denuncia de Moldes, según fuentes judiciales, se basa en tres hechos: el fiscal señala que la denuncia de Nisman no está dirigida contra el Estado Nacional; en cambio sí se imputó a funcionarios públicos y a otros ciudadanos que no ostentan cargos públicos.
El segundo cuestionamiento de Moldes se funda en que cuando Abbona presentó el escrito, todavía no existía la causa judicial porque el fiscal Gerardo Pollicita no había impulsado la investigación a cargo del juez federal Daniel Rafecas.
En el tercer punto se explica que en la Procuración se habrían utilizado los recursos de ese organismo público para la defensa de particulares.
En la presentación a la que tuvo acceso Infobae, el fiscal dice: "De todo esto se infiere que el estudio de la denuncia, la preparación de la invectiva que rechaza su argumentación y su presentación judicial se realizara antes de conocer qué harían las autoridades judiciales llamadas legalmente a resolver sobre el destino de aquélla. Ese apuro y esa labor no justificada constituyen un desvío o una distracción indebida de los servicio del Estado Nacional en favor de las personas mencionadas en- hasta entonces".
Moldes aseguró además que "por supuesto que el carácter de funcionarios públicos de algunas de las personas mencionadas por el fiscal Nisman no explica ni justifica lo actuado por los firmantes de la presentación, pues las normas que ellos mismos invocan como sustento de su intervención habilitan a la Procuración del Tesoro a la representación y defensa de los intereses estatales y no a la defensa -material técnica y política como en este caso- de quienes temporalmente ejercen cargos públicos por los delitos que pudieren haber cometido durante su ejercicio".
El funcionario judicial agregó que "en ese contexto general" advierte que "en la actuación de Abbona, Diez y Pergament importó, antes que la defensa de los intereses del Estado Nacional, una suerte de ostentación superflua del compromiso militante, una sobreactuada identificación de subordinación político-partidaria, o tal vez un exceso entusiasta derivado de la devoción personal por alguno de los implicados".
El delito de peculado de servicios por el cual Moldes denunció a Abbona está contemplado por el artículo 261 del Código Penal que establece penas de reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua para los funcionarios que emplearen en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública. La denuncia cayó por sorteo en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello y el fiscal es Ramiro González.
El fiscal Moldes explicó en su denuncia que los abogados del Estado no pueden asumir el rol de los "defensores privados" y sugirió que cuando los imputados en una causa judicial no tienen recursos económicos para pagar los honorarios de un abogado podrán optar por un defensor público.
La nutricionista y docente de la UNL, Mariel Wicky, defendió la continuidad de la normativa frente a los proyectos que buscan su eliminación en el Senado.