Alejandro Vandenbroele pasó por los tribunales federales de Mendoza y fue notificado del pedido de extradición que presentó la Justicia uruguaya, pero el magistrado Walter Bento no dio a conocer si el asesor letrado accedió a ser juzgado en el país vecino.
"La extradición se va a tramitar, pero no puedo adelantar nada porque el expediente es secreto", señaló el juez mendocino minutos después de hablar con el supuesto testaferro del vicepresidente de la Nación. Lo que sí contó el funcionario judicial es que el abogado presentó "un pedido de excarcelación" que será resuelto en un plazo de "24 horas".
Hasta entonces, "Vandenbroele seguirá detenido en la unidad 32", apuntó el juez federal en declaraciones a los medios de comunicación que lo entrevistaron en el tercer piso de la sede judicial.
El hombre que está acusado de realizar una supuesta maniobra de lavado de dinero se retiró esposado y sin hacer declaraciones, pese a las insistentes consultas de la prensa.
Si Vandenbroele se opone a ser extraditado al Uruguay, se iniciará un proceso que podría demorar hasta dos años. En ese caso, la Justicia de Mendoza debería enviarlo a Buenos Aires, donde tiene registrado su domicilio.
Una vez iniciado el juicio de extradición, el juez uruguayo Néstor Valetti tiene 40 días para enviar a la Argentina todos los datos vinculados a la causa por la cual se ordenó su detención.
Contrapunto con el gobierno argentino
El magistrado charrúa advirtió hoy que las cancillerías de Argentina y Uruguay "no deberían" interferir en su pedido de extradición de Alejandro Vandenbroele a Montevideo y afirmó que en ese trámite "sólo la Justicia argentina es el órgano competente".
La posición del juez contradice lo afirmado esta mañana en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien dijo que la situación del supuesto testaferro de Boudou es una "cuestión judicial
que compete a cancillería argentina".
Sin embargo, el juez Valetti sostuvo en diálogo con radio Mitre que las cancillerías son "simplemente un canal de comunicación" entre las justicias de ambos países y recordó que "existe un tratado de
extradición entre ambos Estados y en el ámbito del Mercosur".
La nutricionista y docente de la UNL, Mariel Wicky, defendió la continuidad de la normativa frente a los proyectos que buscan su eliminación en el Senado.