La Argentina presentó ayer ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York una apelación en contra de la orden de desacato que dictó el juez neoyorquino Thomas Griesa en septiembre del año pasado.
Los argumentos fueron elaborados por el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que representa al país en su litigio con los llamados fondos buitre y hasta anoche aún no se habían dado a conocer. Sí se difundió un comunicado de Economía que descalificaba por "absurda" la pretensión del juez.
En él, la cartera de Axel Kicillof insistió en que la declaración de desacato "no tiene efectos prácticos" y aseguró que en eso coinciden "hasta los fondos buitre". "Aun así, no dejaremos que un juez se entrometa ilegalmente" en consideraciones sobre "actos dictados por nuestro país como un Estado soberano", añadió.
La cartera de Kicillof recomendó, además, a la Corte de Apelaciones que "no le preste atención" a la "absurda orden de desacato dictada por el juez Griesa", porque "no reviste ninguna importancia y no contiene ni sanciones monetarias ni ninguna otra consecuencia práctica".
Con la presentación, la Argentina intentará argumentar para que la Corte de Apelaciones levante el desacato que ya le dictaminó Griesa a fines de septiembre pasado.
"El juez no tiene potestad para declarar en desacato a un país soberano", insistieron tanto el canciller Héctor Timerman como el ministro Axel Kicillof y el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich.
"Lo hago responsable por lo que pueda pasarle a la Argentina", afirmó entonces el canciller Timerman. "Como Estado, el país es responsable de las acciones de cualquiera de sus órganos. En este caso, de su Poder Judicial", abundó.
Juristas que en esta ciudad vienen siguiendo el caso no pudieron precisar efectos concretos.
"Puede haber problemas de visado para funcionarios involucrados con la negociación de la deuda", arriesgó uno de ellos. Sí hubo coincidencia en que no se trata de un paso recomendable.
Para otros, como el abogado argentino Eugenio Bruno, "una de las cuestiones por considerar será saber hasta dónde quiere llegar el gobierno norteamericano" en caso de que se le pidan sanciones contra la Argentina. "Tal como se la conoce, la figura del desacato podría ser abstracta para un Estado soberano. Salvo que el juez la comunique al gobierno [de EE.UU.] y pida su intervención", añadió.
La disputa tuvo sus vueltas. La Corte emitió una orden en la que intimó a la presentación de documentos con fecha límite de hace ya más de una semana y amenazó al país con dejar firme la figura del desacato si no cumplía esa presentación "para el día 17 de febrero o antes". Pero no después.
El Ministerio de Economía señaló, sin embargo, que tenía tiempo hasta ayer para cumplir con ese trámite crucial. "Nos hemos presentado en tiempo y forma", insistió en el comunicado.
La nutricionista y docente de la UNL, Mariel Wicky, defendió la continuidad de la normativa frente a los proyectos que buscan su eliminación en el Senado.