La Asociación Madres del Dolor impugnó hoy que el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni actúe de abogado defensor del magistrado de Ejecución Penal Axel López, quien será sometido a juicio político a partir del 2 de marzo por presunto mal desempeño en sus funciones.
"La figura del doctor Eugenio Zaffaroni tendrá, deseado o no, efecto por lo menos intimidante (...) no debemos olvidar que fue integrante del más alto tribunal federal (Art 108 CN), cuya competencia (Art. 116 CN) alcanza a todos los fueros de la jurisdicción federal", sostuvo la asociación.
En un escrito presentado en el Consejo de la Magistratura, también lo objetó porque la ley 23.187 establece que "los magistrados y funcionarios judiciales jubilados como tales" no pueden ejercer la profesión de abogado "ante el fuero al que hubieren pertenecido y por el término de dos (2) años a partir de su cese".
En el caso de Zaffaroni, según las organización, rige ese incompatililidad porque el juez renunció a la Corte Suprema de Justicia e inició los trámites de jubilación hace dos meses, a fines de diciembre del año pasado.
La semana pasada, el ex ministro de la Corte formalizó su primera tarea de relevancia desde que renunció al máximo tribunal presentándose personalmente ante el Jurado de Enjuiciamiento como "co-defensor" de Axel López, junto con el abogado Federico Paruolo.
López será el primer juez en afrontar un proceso en el que puede ser destituido sin estar suspendido en el cargo y se le reprocha haber concedido regímenes de libertad a condenados por delitos graves que estaban en condiciones de acceder a esos beneficios, pero violaron los términos y volvieron a cometer violaciones y homicidios.
El tribunal que debe juzgarlo estará integrado por los jueces Beatriz Fontana, de la sala III de la Cámara del Trabajo; Mario Reynaldi, del TOF de Santa Cruz; la abogada cordobesa Cristina Peleteiro; los senadores Urtubey (FpV) y Oscar Castillo (Alianza Frente Cívico Y Social); y los diputados José María Díaz Bancalari (FpV) y Diego Matías Mestre (UCR).
A López se lo acusa de "mal desempeño" por haber "concedido al interno Juan Ernesto Cabeza, condenado a 24 años de prisión por cuatro delitos de violación, el beneficio de la libertad condicional, apartándose del dictamen del Cuerpo Médico Forense, que advertía en forma concluyente sobre un serio riesgo de reincidencia por parte del nombrado".
En una de sus salidas transitorias Cabeza asesinó a la joven Tatiana Kolodziez, en octubre de 2012, en la provincia de Chaco.
Las Madres del Dolor habían solicitado el juicio político de López por otro caso: las salidas transitorias otorgadas a Pablo Díaz, quien asesinó a puñaladas en el 2009 en un intento de violación a Soledad Bargna, en un edificio del barrio porteño de Caballito.
Este caso es seguido por atención por la red de jueces penales de la provincia de Buenos Aires, ya que consideraron que el magistrado sólo cumplió con lo que ordenan los procedimientos.
La nutricionista y docente de la UNL, Mariel Wicky, defendió la continuidad de la normativa frente a los proyectos que buscan su eliminación en el Senado.