El ministro de Defensa, Agustín Rossi , ordenó el cierre del Batallón de Arsenales 603 "San Lorenzo", donde se produjo un "faltante" de 26.000 balas de calibre 9 milímetros. El Batallón está ubicado en Fray Luis Beltrán, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Rosario, en Santa Fe.
En un comunicado, Rossi informó además el pase a retiro del director de Arsenales del Ejército Argentino, coronel Hugo Víctor Meola, y "encomendó al jefe del Ejército Argentino, teniente general César Milani, que la totalidad de armas, municiones y otros elementos sean relocalizados en otras unidades militares del país". Y también "instruyó al jefe del Ejército crear una Base de Apoyo Logístico y una UMRE (Unidad Militar de Emergencias) en las instalaciones que hasta el día de hoy ocupaba dicha unidad".
El faltante de municiones fue denunciado a fines del año pasado por el Ejército ante el Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, que derivó la investigación al fiscal Mario Gambacorta. La información fue confirmada a LA NACION por fuentes judiciales y de Defensa.
En la denuncia, el Ejército alegó que advirtieron que faltaban 26.000 balas después de hacer un control de municiones acopiadas.
El año pasado también se produjo el faltante del misil TOW 2, que fue denunciado ante el juez federal de La Plata Laureano Durán. Ese misil fue robado sin su lanzador, por lo que "resulta inoperable". Por este hecho, un oficial y cuatro suboficiales fueron "suspendidos" y están siendo investigados.
A diferencia del misil, que en teoría no está operativo, aunque tiene capacidad para perforar un blindado, las 26.000 balas que faltan del Batallón 603 pueden ser utilizadas en cualquier pistola de calibre 9 mm. En la mayoría de los homicidios y hechos de inseguridad que se cometen cada día se usan armas de ese calibre. Una caja de 50 unidades en una armería cuesta entre 450 y 500 pesos. Pero en el mercado negro estas municiones pueden venderse al doble de su precio, según explicó un especialista de una fuerza de seguridad.
No es la primera vez que se detecta un faltante de armamento y municiones en el Batallón 603. El 18 de febrero de 2011, el Ejército denunció que en esa unidad militar faltaban 154 fusiles FAL, piezas para el armado de 250 fusiles, una ametralladora MAG (calibre 7,62 mm), piezas de cinco ametralladoras (calibre 12,7 mm) y una pistola 9 milímetros. El 4 de marzo de 2011, el entonces ministro Arturo Puricelli decidió el pase a disponibilidad del general de brigada Alejandro Luis Pucheta, uno de los más altos mandos del Ejército.
Pucheta era comandante de Arsenales y de él dependían todos los batallones del arma, entre ellos el 603. La investigación del robo tuvo un inicio trágico, porque el sargento ayudante Hernán Solís, que se desempeñaba como jefe de la Sección Armamento de la Compañía de Abastecimiento del Batallón, se pegó un tiro con el arma reglamentaria.
La nutricionista y docente de la UNL, Mariel Wicky, defendió la continuidad de la normativa frente a los proyectos que buscan su eliminación en el Senado.