Desde comienzos de 2008 hasta fin de septiembre de 2011, los jubilados y pensionados ingresaron en los Tribunales de la Seguridad Social 432.492 causas, de las cuales 318.692 fueron de primera instancia y 113.800 pasaron a la Cámara (segunda instancia), de acuerdo al informe del Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema. Estos números dan un promedio de 10.000 causas por mes o unas 480 por día hábil.
El CIJ también destaca que en lo que va de este año crecieron un 28,6% los fallos apelados: sumaron 29.682, cuando en igual período del año pasado habían totalizado 23.165 expedientes. Esto se debe a que la ANSeS sigue apelando los fallos en su contra –en algunos casos también lo hacen los demandantes–, pero también a que se aceleró , en más del 60%, el dictado de sentencias por parte de los jueces de primera instancia.
Todo esto sucede a pesar del compromiso del Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA de no apelar y respetar los fallos judiciales en las causas similares a las que ya se pronunció la Corte Suprema.
Por esta cantidad de causas, los jueces de la Seguridad Social admiten que los Tribunales están desbordados , algo que se manifestó en 2009 cuando por el peso de los expedientes estuvo en riesgo el edificio del Fuero de la Seguridad Social. En ese momento, se decretó una feria judicial para trasladar expedientes a otras dependencias.
Ahora, se agrega un hecho nuevo: por discrepar con los fallos que estuvieron dictando, la ANSeS recusó “con o sin causa” a los jueces camaristas Néstor Fasciolo, Juan C. Poclava Lafuente, Luis Herrero y Emilio L. Fernández. Y eso llevó a que estén paralizados en la Cámara de la Seguridad Social más de 1.600 expedientes.
El grueso de los reclamos corresponde a reajustes de haberes, que se aceleraron luego de que la Corte Suprema dictaminó, en el caso Badaro, que los haberes jubilatorios por el período que va de enero de 2002 a diciembre de 2006 debieron haberse ajustado un 88,3%, según el índice de variación salarial.
También se agregaron otras demandas, como el ajuste del sueldo que se toma como referencia para el cálculo de la jubilación (caso Eliff) o el reconocimiento de las sumas no remunerativas otorgadas al personal activo, y reclamos de retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
La diferencia de haberes entre lo que están cobrando algunos jubilados y el índice aplicado en la causa Badaro, según los casos, implica un ajuste de hasta el 54,5% ó 69,9% , según la fecha de jubilación, y el pago del retroactivo. Se estima que los jubilados que están cobrando menos que el ajuste Badaro por el período 2002/2006 suman más de un millón .
Por eso los especialistas cuestionan que, habiendo ya doctrina de la Corte, el Gobierno no extienda automáticamente el ajuste a los jubilados, hayan hecho o no juicio, que están en una situación similar a Badaro, y obligue a cada uno a iniciar un juicio. El tema está en manos de la Corte Suprema que, hasta ahora, no se pronunció, mientras formó un comité con la ANSeS para analizar la situación.
La ANSeS está pagando sentencias dos veces por mes . El Presupuesto de este año –$ 2.400 millones– alcanzaría para cancelar unos 20.000 fallos. En promedio, las sentencias que se pagan rondan los $ 120.000. En el Presupuesto 2012 está previsto pagar sentencias por $ 3.541 millones.
El problema es que ingresan más reclamos y los jueces dictan más sentencias que las que se están pagando.
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