Lt 10

En diálogo con LT10, Ricardo Olivera, diputado provincial oriundo de San Justo, expresó que “estoy preocupado por lo que está ocurriendo en la cooperativa que maneja la ex textil San Justo (Cooperativa Textil 15 de febrero), que es un emblema de nuestra ciudad. Ayer hubo incidentes porque desalojaron el predio donde funcionaba la cooperativa, porque fue vendido en el marco de la quiebra”.

Además, Ricardo Olivera agregó que “me llama la atención el precio que se pagó por ese predio de 16 hectáreas, sobre la ruta nº 11. Pagaron 6 millones de pesos. Les cuento que en pocos meses va a pasar el gasoducto y va a costar 80 millones de pesos. El otro dato que nos despierta suspicacias es que el acta judicial se firmó el 30 de diciembre al mediodía. Por este motivo, los abogados de la textil no pueden hacer nada porque el juzgado está en receso. Ayer, a las 5 de la madrugada se hicieron presentes los dueños, con seguridad privada, tomaron potestad del lugar y no permitieron el ingreso de los trabajadores”.

“Una de las cosas graves que hizo esta gente fue desmantelar las máquinas. También, se llevaron documentación. Esto ya fue denunciado por los empleados. Es muy doloroso. Las 25 familias que viven de la cooperativa no merecían terminar así. La cooperativa tiene la expropiación temporal hasta noviembre del 2015. Hay muchas dudas sobre el accionar de la Justicia y el síndico”, subrayó diputado provincial oriundo de San Justo.

Finalmente, Ricardo Olivera remarcó que “los que compraron el terreno dicen que van a armar un área industrial. Es paradójico que lo hagan destruyendo la única empresa que funciona en el predio. Yo creo que hay una actitud especulativa. Yo me imagino que esto va a terminar en un negocio inmobiliario”.

Por su parte, Rodrigo Borla, senador por el departamento San Justo, opinó que “los problemas con la cooperativa vienen desde hace mucho tiempo. En marzo del 2013, en una reunión con el juez de la quiebra y la gente de la cooperativa, nos manifestaron que iba a llegar un subsidio de 1.200.000 pesos del gobierno nacional y que en el 2014 iban a recibir un aporte del gobierno nacional. En ese momento, yo, que había promocionado la ley que beneficiaba la cooperativa, me retiré porque no tenía nada que hacer. Ese dinero nunca llegó”.

En este sentido, Rodrigo Borla subrayó que “la idea era que los compradores y la cooperativa hagan un acuerdo para que la textil siga funcionando dentro del predio. A fines del 2014, una mediadora que envió el ministro de Justicia estuvo reunida con los compradores y la gente de la cooperativa. De esta reunión, la gente de la cooperativa se retiró”.

“Hoy hay denuncias de ambas partes. Estamos pidiendo que la Justicia resuelva este conflicto. Aquí hay una pelea entre los que quieren seguir trabajando, los ex trabajadores que reclaman dinero que se les adeuda en la quiebra y los propietarios”, remarcó el senador por el departamento San Justo.