La Sala I de la Cámara Federal permitió ser querellante al Ministerio de Justicia en la causa por la pérdida de documentos de la Inspección General de Justicia vinculados con el caso Ciccone:
Este caso, que involucra el vicepresidente Amado Boudou, está a cargo de la jueza María Servini de Cubría, la que había rechazado la petición del ministerio de Julio Alak .
El fallo fue dividido; los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero sostuvieron que el "Estado puede asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la administración pública".
En cambio, Eduardo Farah votó en disidencia pues coincidía con la jueza Servini de Cubría; además, recordó que en la causa por el "cepo informativo" que se habría impuesto para proteger a Boudou desde el Gobierno, se investiga a funcionarios del Ministerio de Justicia los que "no pudieron desconocer los eventos que rodearon la presunta pérdida del expediente de la firma The Old Fund".
Los expedientes desaparecidos están ligados al caso Ciccone; faltaban tres pero uno reapareció. Los expedientes perdidos son los de Ciccone Calcográfica y The Old Fund, fondo que presidía Alejandro Vandenbroele.
La pérdida de los expedientes fue en febrero de 2012.
El Ministerio de Justicia ahora podrá ser querellante de la causa en donde sus funcionarios son investigados.
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