Ibar Esteban Pérez Corradi, procesado por sus presuntos nexos con la mafia de los medicamentos, se convirtió ayer en el primer detenido por una causa caratulada como lavado de dinero que tiene a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante.
Ayer, el juez federal Norberto Oyarbide dictó la prisión preventiva de Pérez Corradi, procesado por “lavado de dinero agravado” desde diciembre de 2010. Al cierre de esta edición la UIF no había sido notificada formalmente de la resolución del magistrado.
La UIF llevará el caso Pérez Corradi en la carpeta que enseñará al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la semana próxima, al someterse a la evaluación que realizará el organismo en París. La semana pasada, el Gobierno había presentado proyectos para penalizar con más dureza el terrorismo y su financiamiento e incorporar al Código Penal delitos vinculados al abuso de información en los mercados de capitales.
En los hechos que relató la UIF a Oyarbide, el organismo dijo haber corroborado que Pérez Corradi funcionaba como nexo entre quienes emitían los cheques y quienes los terminaban cobrando. En ocasiones, apuntaron fuentes oficiales, el dinero quedaba en su cuenta bancaria. En otras oportunidades, Pérez Corradi endosaba los documentos a terceros. “En el caso de Pérez Corradi, se logró determinar que depositaba en su cuenta cheques emitidos por la OSBA (Obra Social Bancaria Argentina) a favor de Droguería San Javier, y luego retiraba el efectivo”, se lee en el escrito.
Por esa causa están detenidos el secretario general de La Bancaria, Juan José Zanola, y Néstor Lorenzo, titular de la Droguería San Javier.
La causa de medicamentos truchos tiene implicancias políticas de importancia. Además de involucrar a referentes del sindicalismo –el procesamiento siempre merodea al titular de la CGT, Hugo Moyano–, se investiga si fondos derivados de esos negocios financiaron la campaña presidencial de Cristina Fernández en 2007.
Pérez Corradi estaba detenido, pero sin prisión efectiva, a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos.
La justicia del estado de Maine lo reclamó para juzgarlo por haber introducido en ese país 80 pastillas de oxicodona, un analgésico empleado en el país para los pacientes terminales de cáncer que fue prohibido en los Estados Unidos por su poder opiáceo, por el que se lo emparienta con la heroína.
Pérez Corradi envió un paquete a los Estados Unidos con el medicamento y fue identificado porque sus huellas digitales estaban en el envío.
En marzo de este año, la Corte Suprema resolvió habilitar la extradición de Pérez Corradi y desde entonces el trámite quedó en manos de la Cancillería.
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